Avanza la audiencia contra el alcalde de Barrancabermeja , Jonathan Vásquez, por compra de votos en las elecciones de 2023, en la que el fiscal del caso solicitó la medida de aseguramiento carcelaria para el mandatario. Además, denunció que algunos testigos han recibido amenazas.
La audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra el alcalde de Barrancabermeja , Jonathan Vásquez, se retomó este jueves 14 de noviembre en el Juzgado 3 Penal Municipal de Barrancabermeja. El fiscal del caso Joseph Berdugo, solicitó a la juez la medida de aseguramiento en contra del mandatario tras imputarle nuevos delitos por soborno y corrupción al sufragante.
“Por considerarse que es necesaria la medida de aseguramiento en centro carcelario porque es proporcional y única viable para garantizar los fines constitucionales de protección a la prueba y la comunidad”, dijo el fiscal.
El fiscal también denunció que dos testigos recibieron amenazas e intimidaciones tras haber declarado en contra de Johantan Vásquez
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“En el caso del señor Walter López, quien puso en conocimiento en la Fiscalía que ha sido golpeado por transeúntes porque lo tildan de sapo. Además, el señor Juan Carlos Quiroga ha recibido amenazas a través de panfletos donde hacen mención a su hijo menor de cinco años. Le dicen que deje de publicar hechos contra el señor Jonathan Vásquez”, dijo el fiscal Joseph Berdugo.
#EnDesarrollo A esta hora sigue la audiencia de medida de aseguramiento contra el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, por delitos electorales #MañanasBlu pic.twitter.com/wjs2DxsTA0
— Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 14, 2024
Uno de los aspectos más relevantes de la imputación señala que Vásquez, en colaboración con el profesor Osiris Díaz y el candidato al Concejo Edson Rueda, habría ofrecido beneficios educativos a varias personas. Específicamente, “se comprometió a ayudar económicamente a la señora Alexandra Meneses Machado, el señor José Giovanni Díaz, la señora María Eugenia Rincón Bórquez, el señor Iván Mauricio Rincón Bórquez y la señora Kelly Joana Padilla Pradilla, para que pudieran obtener su título de bachiller. A cambio de esta ayuda, estos ciudadanos debían votar tanto por Vásquez como por Rueda en las elecciones de octubre de 2023”, aseguró el fiscal.
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La Fiscalía argumenta que estos hechos constituyen un claro caso de corrupción al sufragante, delito tipificado en el artículo 390 del Código Penal colombiano, que establece penas de prisión para quienes ofrezcan beneficios particulares a cambio de votos. Berdugo resaltó que, en este caso, Vásquez “prometió un monto total de 15 millones de pesos para apoyar la educación de los beneficiarios, condicionando el apoyo a su respaldo en las urnas”.
Otro de los señalamientos detallados por el fiscal se refiere a un presunto intento de soborno para influir en el desarrollo del proceso judicial en curso. De acuerdo con Berdugo, Vásquez habría acordado con Carlos Guevara un pago de $10 millones de pesos en efectivo y un contrato en la Personería de Barrancabermeja para Fernando Pacheco, a cambio de que este último retirara las pruebas que había aportado a la Fiscalía en el caso de compra de votos. Además, Pacheco habría recibido la promesa de un pago mensual de $2 millones para no asistir a los llamados de la Fiscalía ni testificar ante los jueces sobre estos hechos.
El fiscal Berdugo subrayó que esta conducta se enmarca en el delito de soborno en actuación penal, regulado en el artículo 444A del Código Penal, que castiga a quienes intentan influir en testigos para que se abstengan de declarar o mientan en un proceso judicial.