A pesar de que el proyecto para extraer oro del Páramo de Santurbán tiene un nuevo inversionista internacional que manifestó públicamente que reduciría el impacto ambiental, representantes del Gobierno Nacional en Santander manifestaron que no se permitirá la minería en zona.
En ese sentido Erwin Rodríguez-Salah, representante del Gobierno del presidente Gustavo Petro ante la autoridad ambiental del área metropolitana de Bucaramanga, Cdmb, explicó que a pesar de la llegada de un nuevo inversionista canadiense denominado Aris Mining que se quedó con el 51% de las acciones del proyecto Soto Norte, tras un acuerdo con la filial del holding Mubadala, lo cierto es que el Gobierno no permitirá la explotación del páramo que surte de agua a más de 2 millones de personas de la región.
“Independientemente de las negociaciones que hagan todas esas empresas transnacionales en el caso en el que nos ocupa al proyecto de Soto Norte es muy importante tener en cuenta la posición del actual gobierno, del Gobierno Petro, de que no va a otorgar la licencia ambiental a estos proyectos de megaminería que se encuentren ubicados en el páramo y en sus ecosistemas circunvecinos complementarios como es el bosque andino. Una premisa fundamental que comparte el gobierno Petro es que no se pueden aprobar proyectos de megaminería que se encuentren por encima de las captaciones o bocatomas de los acueductos como el del área metropolitana de Bucaramanga”, explicó Erwing Rodriguez-Salah.
Lo que se podría presentar próximamente, según Rodríguez, es una nueva demanda contra el Estado colombiano por no dejar explotar el páramo de Santurbán a una empresa canadiense al tener el tratado de libre comercio.
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“Hay una altísima posibilidad de una demanda contra el Estado colombiano al tenor del tratado de libre comercio entre Colombia y Canadá, por una empresa multinacional que ahora es mayoritariamente canadiense. Como pasó con la multinacional canadiense Ecooro, anteriormente Greystar, que al no satisfacer sus objetivos extractivistas en Santurbán demandó al Estado colombiano por 698 millones de dólares basado en ese acuerdo internacional; el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Canadá”, agregó Erwing Rodriguez-Salah.
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