En audiencia que se realizó en la sala penal del Tribunal de Bogotá, el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia , Julio Ospino, le imputo cargos por peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien no los aceptó, por convenios interadministrativos para publicidad y manejo de imagen con el canal Regional TRO.
Según expuso el fiscal Ospino, los convenios superan los $8.598 millones firmados en 2020 y 2021, no habrían tenido en cuenta principios esenciales de la contratación pública como planeación, publicidad y economía.
“Se evidencia que fue el canal TRO el que presentó la propuesta para el posicionamiento de la Gobernación de Santander cuando la norma establece que debe ser la entidad la que haga el requerimiento (…) No existe un sustento de la necesidad y la conveniencia del contrato”, sustentó el fiscal.
El fiscal también expuso que de parte de la Gobernación de Santander no hubo una explicación ni justificación del por qué los convenios se celebraron de manera directa.
Respecto al presupuesto dijo: “hay ausencia del estudio del mercado y las actividades que se realizaron en el término del convenio no permiten identificar la manera, horarios, impactos ni manejo de publicaciones”.
También se habría omitido el principio de publicidad por cuando los documentos y actos de contratación no fueron publicados en el Secop, solo a través de la página web de Gobernación de Santander.
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El fiscal Julio Ospino igualmente reveló que la escogencia de las empresas de comunicaciones a través de las cuales se haría la publicidad de la imagen de la Gobernación de Santander quedó a libre decisión del canal TRO y entre ellas destaca a tres, cuyos dueños y representantes legales son los padrinos de matrimonio del exgobernador Mauricio Aguilar.
“En el delito de interés indebido en la celebración de contratos se destaca que hubo un direccionamiento para dar contratos a empresas que guardan cercanía personal con el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y que incluso en el reporte de ingresos y gastos para la propaganda electoral en campaña aparecen como empresas aportantes, como es Sega y Mapa SAS cuyos representantes legales son Sergio Eduardo García Aragón y Martha Patricia Orejarena, padrinos de matrimonio del ex mandatario”, explicó el fiscal.
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También se habría cometido irregularidades en la contratación de medios sin experiencia y publicaciones que nunca se ejecutaron.