La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 13 años al concejal de Piedecuesta, Octavio Cárdenas Almeida, por abuso de autoridad en un incidente ocurrido durante un procedimiento policial.
La sanción se basa en la conducta del funcionario el 26 y 27 de junio de 2021, cuando estuvo involucrado en una riña en un establecimiento público del municipio , a pesar de las restricciones vigentes debido al COVID-19, emitidas por el Gobierno nacional.
En un video que fue publicado en redes sociales se ve al concejal de Piedecuesta, Octavio Cárdenas Almeida, en estado de embriaguez y reclamándole a varios policías que lo vigilan en la estación de ese municipio.
“Mire soy concejal de Piedecuesta y lo que hacen aquí no lo pueden hacer, grábenme todo lo que quiera, pero eso no lo pueden hacer”, dice el concejal en repetidas ocasiones.
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#Video Concejal de Piedecuesta, Octavio Cárdenas, borracho protagonizó escándalo en estación de Policía → https://t.co/kS9S6ABy1y #MañanasBLU pic.twitter.com/E3r32B9ybf
— Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 30, 2021
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"Guárdenme, métanme al calabozo, hagan lo que quieran conmigo, les voy a decir algo, todos los que están aquí ni viven en Piedecuesta (groserías), no conocen de las necesidades (groserias)", grita el concejal en medio de insultos.
Durante el altercado, que ocurrió en medio de las medidas de confinamiento, Cárdenas Almeida fue conducido a la estación de Policía debido a su actitud en estado de alicoramiento y exaltación desmedida contra los agentes.
En el transcurso del procedimiento, el concejal intentó utilizar su posición de poder para evadir las sanciones, dirigiéndose a los agentes con amenazas y la famosa pregunta: “¿Usted no sabe quién soy yo?”
Su objetivo era evitar los comparendos impuestos por la violación de las restricciones establecidas por el Gobierno nacional.
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Según la Procuraduría, Cárdenas Almeida intentó persuadir a los uniformados mediante gritos y amenazas, exigiendo la presencia del personero municipal y amenazando con trasladar a los policías de la ciudad.
Este comportamiento fue calificado por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga como una conducta gravísima a título de dolo.
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La sanción impuesta refleja el compromiso del ente de control en la lucha contra el abuso de poder y la corrupción, subrayando que los servidores públicos deben cumplir y respetar las leyes y normativas en vigor.
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