El representante de la Presidencia de la República ante la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), Fidel Arturo Torres Castillo, ha presentado una denuncia formal ante la junta directiva de dicha entidad, señalando presuntas irregularidades en una actividad minera en el municipio de Landázuri.
Torres Castillo detalló las preocupaciones recibidas sobre el incumplimiento de la licencia ambiental otorgada para la explotación minera en la zona de Miralindo, Borrascoso, Río Blanco y otras dos minas.
"La corporación autónoma dio una licencia ambiental sobre unos títulos mineros ubicados en la zona de Miralindo, de Borrascoso, en Río Blanco y otras dos minas. Allí se viene haciendo una explotación en 4.900 hectáreas, que conforma el título minero", explicó el funcionario.
"La denuncia que hacen, quienes me mandaron una información, es de que allá se está trabajando, no respetando los polígonos, los siete polígonos que quedaron referenciados, que se explota en cualquier lado. Los materiales inertes los botan y disponen en cualquier sitio, lo que genera grandes volúmenes de residuos. Por cada metro de carbón, por cada cubo de carbón, hay que remover 20 metros de inerte. Entonces los disponen sin levantar la capa orgánica, inclusive lo botan encima de las capas orgánicas, incluyendo en cultivos de cacao en tierras que ellos han comprado. Han adquirido como 1.600 hectáreas y las aprovechan para disponer en cualquier sitio, no respetan los sitios estipulados en la licencia para disponer esos inertes", denunció.
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Ante esta situación, el representante de la Presidencia explicó los pasos a seguir.
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"Una vez conocida esta denuncia, lo que procede es que la Corporación Autónoma debe hacer el seguimiento en lo que se llaman los ICA, que son los informes del componente ambiental. En cada visita que haga la corporación, que deben ser cada seis meses, se debe detallar estrictamente qué se vio en su visita como corporación autónoma, como autoridad ambiental. Entonces, allá se determina si se está cumpliendo la responsabilidad de todos los proveedores y autorizados en la licencia, y lógicamente otros componentes, si están contaminando aguas, en fin, todos los detalles que tienen que ver con el PTO y con la licencia ambiental", explicó Torres Castillo.
La CAS, como autoridad ambiental, tiene ahora la responsabilidad de investigar y tomar las acciones pertinentes para garantizar la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de las comunidades afectadas, indicó el funcionario.
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