La Defensoría del Pueblo le pidió a la Alcaldía de Bucaramanga
un informe sobre las medidas que está tomando para brindar refugio y protección a las personas migrantes en su territorio, esto teniendo en cuenta la política de expulsión de migrantes delincuentes que viene impulsando el alcalde de esa ciudad.
A través de una carta la Defensoría del Pueblo explicó claramente que la política de expulsiones colectivas de migrantes o delincuentes está prohibida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
porque no tiene en cuenta las condiciones individuales de cada persona que puede estar refugiada, a pesar de su posible situación irregular, en ese sentido el derecho internacional establece que los migrantes son ante todo seres humanos que tienen dignidad.
“La Defensoría del Pueblo ha tenido conocimiento sobre las declaraciones de su despacho sobre la posible expulsión de personas migrantes, susceptibles a la condición de refugio y con necesidad de protección internacional inmersos en presunta comisión de delitos y actos de mal comportamiento en su jurisdicción”, dice la carta enviada por la Defensoría
del Pueblo y firmada por José Alberto González, delegado para los derechos de la población en Movilidad Humana.
Según lo explicó la Defensoría del Pueblo los migrantes gozan de la protección del derecho internacional de los derechos humanos
como cualquier otra persona, por ese motivo, las expulsiones colectivas recaen en arbitrariedades, y cada expulsión o deportación debe ser individual y sometida a un análisis antes de hacerla.
“En cuanto a la prohibición de expulsiones colectivas de personas extranjeras, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos
el carácter “Colectivo” de una expulsión implica una decisión que no desarrolla un análisis objetivo de las circunstancias individuales de cada extranjero y por este recae en arbitrariedad. (…) De acuerdo con lo anteriormente expuesto, respetuosamente nos permitimos solicitar nos informe sobre las medidas y acciones que desde su administración se están adelantando con respecto a los hechos mencionados”, dice la carta fechada el 30 de mayo de 2024.
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