Crisis humanitaria en el Magdalena Medio: denuncian escalada de violencia y amenazas

La crisis humanitaria en el Magdalena Medio sigue agravándose con alarmantes niveles de violencia que han dejado múltiples víctimas, desplazamientos forzados y un clima de terror entre la población civil. Así lo denunciaron recientemente la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y la Corporación CORNACOIDH, quienes expresaron su profunda preocupación ante los últimos hechos registrados en los departamentos de Antioquia, Santander y Bolívar.

Durante los últimos días, se han reportado homicidios, enfrentamientos armados, amenazas y confinamientos forzados en zonas rurales y urbanas de municipios como Barrancabermeja , Yondó, Cantagallo, Puerto Wilches, Morales, Río Viejo, Simití y San Pablo.

La disputa territorial entre grupos armados ilegales como el Clan del Golfo , el ELN y estructuras post-FARC ha desencadenado graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

CREDHOS alertó sobre el riesgo de un desplazamiento forzado masivo en el valle del río Cimitarra, particularmente en las veredas Las Nutrias, Caño Don Juan, No Te Pases, Peñas Blancas y La Poza, donde se han intensificado los combates desde febrero hasta la fecha. La población civil ha quedado atrapada en medio del fuego cruzado, con familias enteras desplazadas de manera forzada y otras refugiándose para proteger sus vidas.

Además, CORNACOIDH lamentó el homicidio de Jesús Alirio Rodríguez Rincón en el sur de Bolívar, así como la persistente violencia sociopolítica en el Magdalena Medio santandereano, donde el pasado 2 de abril fue asesinado el exconcejal y líder comunitario Hemerson Reinel Pérez, en Puerto Wilches. Pérez había denunciado presuntas irregularidades contractuales en la administración local y había sido blanco de amenazas constantes desde 2020 por parte de las ‘Águilas Negras’, las AGC y más recientemente, por presuntos disidentes de las FARC.

El asesinato de Hemerson Pérez, quien había regresado a Puerto Wilches tras dos desplazamientos forzados, evidencia la grave responsabilidad institucional y política del Estado, que ya tenía conocimiento de los riesgos que enfrentaba el líder comunitario.

Ambas organizaciones exigieron a las autoridades nacionales, departamentales y municipales adoptar medidas urgentes y eficaces que garanticen la protección de la vida, la seguridad y la permanencia de las comunidades en el territorio.

También hicieron un llamado a la Fiscalía General de la Nación y su Unidad Especial de Investigación para que esclarezcan los hechos, identifiquen a los responsables y combatan la impunidad.

Finalmente, reiteraron su exigencia a los grupos armados ilegales a respetar a la población civil y al Derecho Internacional Humanitario, en medio de una región que clama por paz, justicia y presencia efectiva del Estado.