Colapsadas se encuentran las inspecciones de Policía de Bucaramanga por la acumulación de más de 10.000 procesos y 40.000 órdenes de comparendo. Según inspectores de Policía de Santander resolverlos podría tardar hasta 10 años.
La alarmante cifra pone en evidencia la grave situación de sobrecarga laboral que enfrentan los 19 inspectores de Policía de Bucaramanga, tres de ellos del área rural.
“Hay un incremento excesivo de comportamientos contrarios a la convivencia que se han dado a partir de la implementación de la ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), la emergencia del Covid-19 y los que quedaron estancados”, aseguraron los inspectores de Policía en un comunicado.
Esta situación afecta la celeridad y la eficiencia de la justicia policial, perjudicando a los ciudadanos que asisten a las audiencias. También se suma un problema salarial, “los inspectores de Bucaramangason los peor remunerados del área metropolitana, a pesar de tener las mismas funciones y responsabilidades que los colegas en Girón, Piedecuesta y Floridablanca, así como de otras ciudades del país. Esta disparidad salarial, combinada con la reducción de presupuesto, la falta de personal especializado y la ausencia de tecnología adecuada, ha creado un entorno insostenible para los inspectores”.
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La comunidad y los abogados han expresado su descontento debido a los retrasos y la ineficacia en el acceso a la justicia policial.
Desde enero de 2024, los inspectores han intentado iniciar un diálogo con el alcalde Jaime Andrés Beltrán para abordar el problema, pero pese a numerosos intentos y solicitudes, no han recibido respuesta ni soluciones efectivas por parte de la administración.
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Ante la falta de respuesta, los inspectores de Bucaramanga hacen un llamado urgente a las autoridades administrativas y jurisdiccionales, así como a toda la comunidad, para abordar esta crisis.