Tras varios días de una grave emergencia por falta de agua potable, los habitantes de las veredas Acapulco, Girón
, y Mesa de Ruitoque, Piedecuesta, levantaron el bloqueo vial que mantenían desde la mañana de este jueves, 26 de diciembre, luego de alcanzar acuerdos preliminares con las autoridades locales y la empresa Aqualia, encargada del suministro de agua
en la región.
Heli Fiallo, vocero de la manifestación, señaló que el acuerdo incluye el suministro de agua potable mediante carrotanques y la red pública, aunque persisten dudas sobre la calidad y continuidad del servicio.
“Hemos acordado que, hasta mediados de enero, nos garantizarán agua, ya sea por la red o por carrotanques en zonas donde la presión no alcanza a garantizar el suministro. Si no cumplen, volveremos a las protestas”, afirmó Fiallo.
Cabe resaltar que miles de habitantes de estas veredas han enfrentado una verdadera crisis, sin agua suficiente para actividades básicas como cocinar, asearse o lavar ropa. En medio de las manifestaciones la comunidad recordó que son varios años los que llevan con esa situación, que se agudiza siempre en el mes de diciembre.
Aunque Aqualia anunció la modernización de su sistema de acueducto con nuevas estaciones de bombeo y equipos de alta tecnología, las comunidades aseguran que las mejoras no han sido suficientes, especialmente en las zonas altas debido a la baja presión en el suministro.
De acuerdo con el vocero, los acuerdos puntuales incluyen: suministro inmediato de agua potable mediante carrotanques en las zonas altas y a través de la red pública en horas de la noche; realizar pruebas para confirmar que el agua
es apta para el consumo humano y seguimiento constante por parte de las autoridades. Entre los puntos se acordó reunirse el próximo 8 de enero para evaluar el cumplimiento de los compromisos.
Los manifestantes advirtieron que, de no cumplirse los acuerdos, solicitarán que el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga asuma el suministro de agua en la región, argumentando que esta empresa tiene mejor capacidad y recursos para atender sus necesidades.
A pesar de los acuerdos, las familias afectadas piden la intervención urgente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el acompañamiento constante de la Defensoría del Pueblo para garantizar que la empresa cumpla con lo pactado.
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