Un reciente informe de auditoría de la Contraloría
Municipal de Bucaramanga
revela serias irregularidades en la gestión financiera y administrativa de la alcaldía durante el año fiscal 2023.
El documento destaca falencias en la contabilidad, manejo de la cartera, gestión de riesgos y procesos contractuales.
Sobre el cumplimiento de las normas contables, la auditoría detectó incumplimientos de la resolución No. 193 de 2016, en lo referente al saneamiento y depuración contable. Se encontraron, por ejemplo, partidas no identificadas en las conciliaciones bancarias.
Otro de los aspectos a destacar son las cuentas por cobrar en cuyo ítem hubo un aumento en 2023.
“En este grupo se observa un incremento en la comparación de diciembre de 2023 con el mes de diciembre de 2022 por el valor de $144.263.343.244. Se observa un incremento del 4.54% en la cuenta de Impuestos, retención en la fuente y anticipos de impuestos por valor de $6.310.939.699”, de acuerdo con la información contable.
Sin embargo, sobre este aspecto la Contraloría de Bucaramanga
realiza la siguiente observación: “se observa que existen partidas reiterativas de impuestos por cobrar de diferentes conceptos que vienen ocurriendo desde vigencias anteriores, asimismo es importante manifestar que este saldo contable difiere del saldo reportado en los Estados Financieros debido a la falta de integridad en el sistema financiero de la alcaldía”, anota el informe.
El saldo de capital de la deuda pública a largo plazo, más los intereses correspondientes al mes de diciembre de 2023 es de $375.645 millones.
“En este grupo se observa un aumento en crédito de inversión a largo plazo por valor de $108.752 millones variación generada por el pago de las cuotas de capital e ingreso de nuevos créditos adquiridos durante la vigencia 2023”, señala la auditoría.
El informe subraya deficiencias en la gestión contractual, con numerosos contratos en estado de suspensión y pendientes por liquidar.
La auditoría concluye con 18 hallazgos administrativos, fiscales, disciplinarios, penales y sancionatorios. Entre estos, se identificaron siete hallazgos fiscales que implican un perjuicio económico de $5.948.900.680 por pagos indebidos. Además, se encontraron posibles faltas disciplinarias y un hallazgo con implicaciones penales.
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