Aunque los defensores de los derechos carcelarios de Santander aplaudieron que la Corte Suprema le puso la lupa al tema del hacinamiento en las cárceles de Colombia, criticaron que el municipio de Bucaramanga no haya sido invitado a pesar de la crisis carcelaria que se vive en la ciudad.
Hernando Mantilla Medina, defensor de los derechos carcelarios de Santander, dijo que desde “la Corte Suprema de Justicia se invitó a los cuatro alcaldes de las cuatro primeras ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, para tratar el tema del hacinamiento en centros de detención transitoria".
"Me parece muy bien que ya la Corte Suprema también se meta en este cuento, como lo hizo en su momento y lo sigue haciendo la Corte Constitucional, pero también debo decir que me pareció extraño, en particular, el hecho de que no invitaron a Bucaramanga, que es una de las ciudades donde hay mayor hacinamiento”, añadió Mantilla Medina.
El defensor confirmó que le envió un derecho de petición al presidente de la Corte Suprema para que explique las razones por las que no invitaron al alcalde de Bucaramanga y pide que todo lo que se habló y lo que se acordó con esas cuatro ciudades también se aplique para Bucaramanga.
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Mantilla Medina, incluso, habló de un conjunto de propuestas destinadas a abordar la crisis de hacinamiento en las estaciones de policía de Santander, pues es urgente implementar estas soluciones para mejorar las condiciones de detención transitoria y prevenir futuros problemas.
Entre las propuestas se sugiere que, al momento de la captura, se busquen alternativas a la medida de aseguramiento intramural, reduciendo así el número de detenidos en las estaciones de Policía.
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También propuso alquilar un sitio con garantías de seguridad adecuadas para trasladar a los internos desde las estaciones de Policía y URI, proporcionando así un alivio temporal al hacinamiento.
El defensor aboga por la implementación de convenios administrativos sobre el empleo de detenidos, aunque reconoce que esta es una solución temporal y limitada a un número específico de internos y recursos.
Además, considera esencial la construcción de un nuevo sitio de detención transitoria, aunque reconoce que esta medida requiere tiempo y no puede ser la primera opción debido a su demora. Por último, insiste en la necesidad de políticas sociales que promuevan la gestión de empleo para reducir las tasas de detención. Aunque esta es una solución a largo plazo, Mantilla Medina la destaca como fundamental para una solución integral.
El defensor de los derechos carcelarios criticó al alcalde de Bucaramanga por anunciar convenios administrativos con el Inpec, destinados a trasladar a 400 detenidos a otras cárceles, asegurando que estos convenios aún no están firmados.
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Mantilla Medina invitó al Concejo Municipal a hacer control político frente al tema del hacinamiento, pues manifestó que la administración municipal no conoce el panorama que realmente viven los privados de la libertad en la capital santandereana.
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