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Condenan al alcalde de El Playón, Santander, por irregularidades en contratos de 2009

El Juzgado 11 Penal de Bucaramanga condenó al mandatario por los delitos de peculado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, durante su anterior administración, en 2009.

23798_Luis Ambrosio Alarcón López - Foto: Alcaldía El Playón
Luis Ambrosio Alarcón López - Foto: Alcaldía El Playón

Un juez de Bucaramanga condenó a 88 meses de prisión a Luis Ambrosio Alarcón López, actual alcalde del municipio de El Playón, en Santander, por hechos ocurridos durante su anterior periodo como mandatario, en el año 2009. El mandatario, además, deberá pagar una multa de $201 millones y estará con inhabilidad intemporal para ejercer funciones públicas.

La condena es por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo y sucesivo con peculado por apropiación.

La sentencia, niega a Luis Ambrosio Alarcón López la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la posibilidad de prisión domiciliaria. Además, no se ha emitido orden de captura, en conformidad con los postulados de la Corte Constitucional, quedando la decisión supeditada a la ejecutoria de la sentencia.

Según Jhon Franco, abogado del mandatario, la decisión será apelada ya que “estos pagos de los contratos fueron aceptados por un Juez del municipio, pero son letras de cambio que el alcalde suscribió como ciudadano, que en ningún momento debieron estar sujetos a la administración municipal”

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Los hechos que llevaron a esta condena se remontan a octubre y noviembre de 2009, cuando, en su calidad de alcalde, Alarcón López firmó un contrato por la compra de mercancías, incluyendo cemento y mangueras, para la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Bárbara, por un valor de $4.000.042. Posteriormente, también suscribió una letra de cambio por $11.000.000 para financiar ferias y fiestas municipales, sin seguir los procedimientos legales requeridos.

La falta de cumplimiento de los requisitos esenciales de contratación, como la realización de estudios previos, el proceso de selección del contratista y la obtención del certificado de disponibilidad, llevó a que los acreedores demandaran al municipio por un total de $35.000.000. Esto evidenció la apropiación indebida de recursos públicos por parte de Alarcón López, en beneficio propio y de terceros, según la investigación adelantada por la Fiscalía.

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