El Clan del Golfo impuso un toque de queda en varios municipios del Magdalena Medio después de la muerte de su máximo cabecilla, alias 'Chirimoya
', quien falleció en enfrentamientos con el Ejército Nacional en el departamento de Córdoba.
Mediante un mensaje de WhatsApp, la organización criminal ordenó el cierre comercial nocturno en seis municipios que abarcan zonas de Santander, el sur de Bolívar y parte de Antioquia.
La medida, que afecta principalmente a establecimientos comerciales como licorerías, discotecas y bares, obliga a los habitantes a permanecer en sus viviendas bajo amenaza de ser considerados objetivos militares si no cumplen con la orden.
Durante la noche del sábado 5 de abril, el toque de queda fue marcado por incidentes violentos en distintas localidades, en la comuna 7 de Barrancabermeja, se registró una explosión, lo que llevó a la intervención de la Policía y unidades antiexplosivos, además, en el barrio 22 de Marzo de la misma ciudad, se reportó un nuevo sicariato.
En Puerto Wilches, Santander, se registraron dos asesinatos en el barrio Bellavista, mientras que en Cantagallo, Bolívar, un cruce de disparos dejó a una persona gravemente herida.
El temor y la zozobra se extendieron en los habitantes de municipios como Yondó en Antioquia, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití en Bolívar.
La región del Magdalena Medio sigue siendo un territorio clave en la lucha por el control del narcotráfico. Allí operan disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN, quienes se enfrentan por el dominio del microtráfico en el área. Esta disputa ha generado una creciente ola de violencia que afecta tanto a los habitantes como a las autoridades locales.
A pesar de las solicitudes de los gobernadores de Santander, Bolívar y Antioquia para que el presidente Gustavo Petro se reuniera con ellos en un consejo de seguridad, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, solo pudo realizar una reunión en Aguachica el pasado 20 de marzo, sin lograr frenar la violencia en la región.
La muerte de alias 'Chirimoya' ha intensificado la disputa por el control territorial entre estas organizaciones armadas ilegales. La situación pone en evidencia los graves desafíos que enfrenta el Gobierno para garantizar la seguridad en una región donde el narcotráfico y las bandas criminales imponen su ley, dejando a la población en constante riesgo.
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