Mientras en la Fiscalía avanza la investigación penal por la desaparición de más de siete toneladas de chatarra de alumbrado público de Bucaramanga, se conoció el informe del estudio de chatarrización que se adelantó durante el año 2023 por parte de la Secretaría de Infraestructura para la venta de esos elementos inservibles.
El documento que detalla el proceso de chatarrización y estudios previos producto del mantenimiento y modernización del alumbrado público fue entregado por el contratista Christian Oliveros Uribe el 17 de diciembre de 2023 a Jhon Fernando Larrota Peñaloza, supervisor y a la abogada Gloria Inés Rey Díaz, dando cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato 1062 del 02 de febrero de ese mismo año.
Según el informe, la chatarra incluía luminarias, brazos, postes metálicos y otros accesorios, deteriorados, sin posibilidad de reutilización, almacenados de forma desorganizada que permanecía depositada en las bodegas ubicadas en la Carrera 30 # 65 – 88, frente al Parque Las Hormigas y en la vía Chimita colegio Villas de san Ignacio.
La cantidad estimada eran 20.000 luminarias con un total de 60.000 kilogramos de aluminio contaminado y postes y accesorios con un peso aproximado de 11.000 kilogramos de hierro.
Los propósitos de la chatarrización de los elementos eran: la liberación de espacio en bodegas, la reducción de riesgos ambientales y sanitarios, la obtención de recursos adicionales para el sistema de alumbrado público y la promoción del reciclaje.
Aunque el municipio de Bucaramanga adelantó el proceso para subastar el alumbrado público inservible donde fueron invitadas 13 empresas, solo cinco presentaron cotización. Finalmente, no se realizó porque según conoció Blu Radio se consideró que el valor de la mejor oferta era muy bajo.
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Dice el informe que el valor estimado alcanzaba los $167 millones por las más de siete toneladas de hierro y aluminio.
El pasado 25 de noviembre de 2024 se conocieron los resultados de una auditoría realizada por un equipo experto de la Contraloría de Bucaramanga que halló un daño fiscal por $23.442 millones por la pérdida de luminarias y chatarra de las bodegas que tiene la alcaldía para almacenar elementos del sistema de alumbrado público.
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“La administración central no pudo demostrar, mediante acto administrativo, que estos fueren residuos o chatarra. Asimismo, no se logra demostrar, mediante procedimientos establecidos por la misma administración central, que estos bienes fueran declarados en baja contablemente. Se demostró que la desaparición del material de alumbrado público se llevó a cabo en la vigencia 2024”, dijo el informe auditor de la Contraloría de Bucaramanga.
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La Contraloría de Bucaramanga informó que en esta auditoria donde se hallaron irregularidades en el manejo del alumbrado público de la ciudad también debe responder el exalcalde Juan Carlos Cárdenas , la exsecretaria de Hacienda, Saray Rojas y otros exfuncionarios de la anterior administración por no haber cumplido con el Manuel de Políticas contables del municipio de Bucaramanga, con relación al manejo de bienes inmuebles e inservibles.
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Por la pérdida de la chatarra hay denuncias penales en la Fiscalía contra el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, una inicial interpuesta por el veedor ciudadano Ramiro Vásquez, quien dijo que “no se conoce el paradero de material de alumbrado público que estaba almacenado en el Centro de Desarrollo Infantil de la Inmaculada, frente a Centroabastos, y el depósito de la Alcaldía de la Puerta del Sol”.
El veedor destacó que, aunque algunos de estos materiales podrían haber sido considerados inservibles, debieron seguirse procedimientos legales para darles de baja, "tienen que darle de baja, bien sea que lo vendan como chatarra, pero tienen que sacarlo con unos procedimientos legales establecidos," explicó Vásquez.
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Blu Radio conoció que luego de la auditoría realizada en noviembre de 2024 por la Contraloría de Bucaramanga donde quedó en evidencia que la chatarra de alumbrado público no reposa en los depósitos de la alcaldía, se encuentran en curso procesos, fiscal, penal y disciplinario por estos hechos.
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