El informe de la oficina fiscal y ambiental de la Contraloría de Bucaramanga que hace parte de la auditoría realizada por este ente de control a propósito de la desaparición de al menos 32.000 luminarias de alumbrado público incluye una matriz de retiros de material que se hicieron de la bodega la Hormiga, según la trazabilidad de las bitácoras de la empresa de vigilancia.
Dice la Contraloría, “sin ningún tipo de autorización y/o justificación por parte de funcionarios del municipio”.
El documento construido por los funcionarios de la Contraloría que hicieron parte del equipo auditor da cuenta que entre el 5 de abril de 2024 y el 25 de mayo de 2024, se hicieron retiros de material que incluía no solo luminarias de alumbrado público sino también alumbrados navideños.
Según el informe, se realizaron varias visitas de inspección a distintas bodegas entre julio y septiembre de 2024, con el objetivo de verificar la existencia de los bienes entregados y su posterior retiro. El primer hallazgo significativo ocurrió el 25 de julio, cuando se verificó que, de las 37 luminarias entregadas por el contratista Consorcio Iluminar BGA R, solo se encontraban 29 en la bodega de la oficina de Alumbrado Público . La diferencia de 8 luminarias no fue explicada ni justificada en ese momento.
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Posteriormente, el 29 de julio se realizaron nuevas visitas a otras bodegas, como la ubicada en el barrio La Salle, donde se encontró que los bienes "inservibles", como luminarias y postes, fueron retirados en el marco de un contrato de chatarrización.
Sin embargo, las bitácoras de la empresa de vigilancia Detención Limitada mostraron que los retiros fueron ordenados de manera verbal por el contratista Edgardo Rodríguez Herrera.
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Esta es la relación de los retiros de material de la bodega Hormiga:
Además, en las inspecciones realizadas al Colegio Villas de San Ignacio, otra de las bodegas donde se almacenaban los bienes, se encontró que no había trazabilidad alguna en las bitácoras correspondientes al primer trimestre de 2024, lo que sugiere que durante este tiempo no se realizó el debido control de los bienes almacenados.
Según las entrevistas realizadas por el equipo auditor, los bienes habrían sido extraídos sin la debida autorización escrita, lo que constituye una falta grave en la gestión de estos recursos públicos.
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Uno de los aspectos más alarmantes de la auditoría fue la falta de un control adecuado en el proceso de retiro de bienes. Las bitácoras de la empresa de vigilancia indican que el contratista Edgardo Rodríguez Herrera, quien aparentemente actuaba bajo instrucciones de altos funcionarios del municipio, autorizaba el ingreso de terceros a las bodegas y el retiro de los bienes sin ninguna documentación que lo justificara.
Esto se sumó a la declaración del entonces secretario de Infraestructura, Jorge Alejandro García Henao, quien reconoció que no se había realizado el empalme de transición de gobierno y que no existía un inventario claro de los bienes del alumbrado público.
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La Contraloría remitió los hallazgos de la auditoría a la Fiscalía General de la Nación, instando a que se investigue a fondo la posible pérdida o robo de estos bienes.
Los resultados de la auditoría dan cuenta de un daño fiscal por $23.442 millones, representados en $21.000 millones de las luminarias reemplazadas y $1.700 millones de luminarias nuevas que también desaparecieron de las bodegas La Hormiga y Villas de San Ignacio.
“La administración central no pudo demostrar, mediante acto administrativo, que estos fueren residuos o chatarra. Asimismo, no se logra demostrar, mediante procedimientos establecidos por la misma administración central, que estos bienes fueran declarados en baja contablemente. Se demostró que la desaparición del material de alumbrado público se llevó a cabo en la vigencia 2024”, dice el informe auditor de la Contraloría de Bucaramanga.
La denuncia inicial fue interpuesta por el veedor ciudadano Ramiro Vásquez, quien dijo que “no se conoce el paradero de material de alumbrado público que estaba almacenado en el Centro de Desarrollo Infantil de la Inmaculada, frente a Centroabastos, y el depósito de la Alcaldía de la Puerta del Sol”.
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El veedor destacó que, aunque algunos de estos materiales podrían haber sido considerados inservibles, debieron seguirse procedimientos legales para darles de baja, "tienen que darle de baja, bien sea que lo vendan como chatarra, pero tienen que sacarlo con unos procedimientos legales establecidos," explicó Vásquez.
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