El Tribunal Administrativo de Santander ha abierto formalmente un incidente de desacato contra la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad González
, debido a los "reiterados incumplimientos en la delimitación del Páramo de Santurbán",
desobedeciendo así una orden impartida por la Corte Constitucional hace más de siete años.
El auto emitido por el Tribunal establece que el incumplimiento de la ministra respecto a la sentencia T-361 de 2017 podría derivar en sanciones económicas en su contra.
El documento señala que la funcionaria no ha cumplido con el cronograma establecido, ha dejado de asistir a reuniones obligatorias y ha argumentado de manera reiterada la falta de presupuesto para ejecutar el proceso de delimitación, lo que ha retrasado las consultas con las comunidades locales.
Un informe de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, publicado en diciembre de 2024, evidenció la presunta inacción de la cartera ministerial, resaltando que la falta de delimitación ha facilitado la proliferación de la minería ilegal y la contaminación de fuentes hídricas con mercurio, superando hasta 40 veces los límites internacionales permitidos.
Ivonne González, veedora ciudadana y representante de los pequeños mineros legales de Vetas, celebró la decisión del Tribunal, calificándola de "justa y necesaria".
"La ministra se ha burlado de la sentencia, de las comunidades y de la Corte Constitucional. En lugar de cumplir con la delimitación, intentó ampliar la zona de páramo sin sustento técnico y cuando no lo logró, abandonó el proceso. Ahora pretende imponer una zona de reserva sin concertación, violando el Acuerdo de Escazú", advirtió.
El Tribunal ha requerido a la funcionaria para que en un plazo de cinco días justifique las razones de su incumplimiento o, en su defecto, ejecute las acciones necesarias para cumplir con las órdenes judiciales.
Asimismo, en el incidente de desacato, el Tribunal Administrativo de Santander solicitó a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo la presentación de un informe detallado sobre la situación actual en la región, con especial énfasis en el impacto ambiental derivado del incumplimiento.
El proceso de delimitación del Páramo de Santurbán ha estado en el limbo por más de siete años, afectando directamente a miles de campesinos, agricultores y pequeños mineros, quienes advierten que han visto paralizada su economía por la falta de una decisión clara por parte del Ministerio de Ambiente.
El Tribunal también advirtió que la ausencia de una delimitación ha intensificado la extracción ilícita de minerales, poniendo en riesgo la seguridad hídrica del área metropolitana de Bucaramanga.
Ante esta situación, la Procuraduría y la Defensoría han insistido en la urgencia de cumplir con la delimitación del páramo antes de establecer nuevas normas sobre el territorio, así como en la necesidad de garantizar un proceso de concertación amplio y participativo con las comunidades locales, en línea con el Acuerdo de Escazú y con las sentencias de la Corte Constitucional emitidas en 2014, 2017 y 2024.
El auto del Tribunal recalca que, de las 31 mesas de trabajo programadas con las comunidades, solo seis han sido realizadas, lo que ha dejado a los habitantes de municipios como Vetas, California, Suratá, Salazar, Arboledas, Cáchira y Bucaramanga en un estado de incertidumbre.
El fallo también pone en evidencia la posibilidad de que, en caso de persistir el incumplimiento, se tomen medidas sancionatorias más drásticas contra la ministra Muhamad.
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