Radican proyecto de ley que busca aumentar penas por reclutamiento ilegal de menores

El proyecto de ley, radicado hoy en el Congreso de la República, busca modificar los artículos 83, 162 y 188 de la Ley 599 de 2000 con el fin de aumentar drásticamente las penas por los delitos como el reclutamiento y el uso de menores de edad en actos ilícitos.

Esta iniciativa busca que los lideres de organizaciones criminales y las personas en general que participen e induzcan a menores de edad en la comisión de delitos y el reclutamiento ilícito les sea aplicada la máxima sanción en el sistema penal colombiano; es decir, incurrirá en prisión de 480 a 600 meses.

Así mismo, este proyecto busca establecer de manera específica que, cuando se trate del delito de reclutamiento ilícito de menores de dieciocho años, para la utilización directa e indirecta en las hostilidades o en acciones armadas, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, la acción penal será imprescriptible.

“Lo más preocupante es que hoy en Colombia los bandidos que están en el monte vendiendo droga, dañando el medio ambiente y por supuesto el reclutamiento de menores de edad, lo están haciendo a tasas muy altas, a niveles que superan lo que vivimos a finales de los noventa y principio de siglo”, aseguró Alejandro Eder alcalde de Cali.

En la actualidad las penas por reclutamiento ilegal de menores y la utilización de los mismos en actos criminales en contra la fuerza publica o atentados terroristas alcanza los 13 años llegando a un máximo de 20, pero de aprobarse el proyecto, la ley los castigaría hasta con 40 años de prisión.

“En 2022 y 2023 en el Programa de Atención Especializado del ICBF para el restablecimiento de derechos a niños víctimas de reclutamiento ilícito que se desvincularon de los grupos armados organizados ilegales atendió 840 menores de edad victimas de este flagelo”, señalo el Representante a la Cámara por el Valle del Cauca Julián López.

1.339 fueron los casos de niños, niñas y adolescentes en 2022 y 2023 reportados bajo el delito de uso de menores de edad en la Comisión de Delitos, de acuerdo a datos aportados por la Fiscalía General de la Nación.