“No queremos solo estar para la fotografía, queremos que nos tengan en cuenta para proyectos productivos y una verdadera inclusión social y económica para los y las sobrevivientes de las minas antipersonal”, fue el duro reclamo que se escuchó en Samaniego, suroccidente de Nariño, donde el Gobierno nacional puso en marcha el desminado humanitario en desarrollo de los acuerdos pactados en la instancia para la co-construcción de la paz territorial del departamento, que se adelanta con el grupo Comuneros del Sur, exintegrantes de la guerrilla del ELN.
Cristian Melo, presidente de la asociación Asobades, que agrupa a más de 80 víctimas de minas antipersonal en Samaniego, reconoció a Blu Radio que el esfuerzo del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y del alto comisionado para la paz, Otty Patiño, es muy positivo para la región y es un digno ejemplo a seguir en otras zonas del país y del mundo. Sin embargo, aseguró que ojalá se reconozcan verdaderamente los derechos de quienes han sido afectados por estas armas no convencionales.
Melo, quien a sus 15 años perdió la vista por culpa de una mina antipersonal, manifestó “que es hora de que el Estado colombiano los incluya en proyectos laborales y educativos, porque consideran que siempre han sido utilizados para ser partícipes del lanzamiento de programas que, en últimas, nunca los han beneficiado de manera integral”.
Las víctimas de los campos minados en la subregión de Los Abades, en el suroccidente de Nariño, celebraron el lanzamiento del desminado humanitario, pero advierten que si no los tienen en cuenta, este será otro de los programas llamados al fracaso.
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Albeiro Urbano, otra de las víctimas de las minas antipersonal, dijo que jamás pensó que iba a quedar en una silla de ruedas cuando viajó a Tumaco, en el Pacífico nariñense, en busca de mejores oportunidades laborales.
Recuerda que el 3 de julio de 2014, cuando junto a otros campesinos estaban laborando en la zona rural de Tumaco cortando guaduas, de un momento a otro escucharon una fuerte explosión que lo lanzó varios metros del lugar en donde estaba.
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Con voz entrecortada, Urbano, hoy a sus 37 años, recuerda con exactitud ese día y dice que la explosión le arrebató sus dos piernas y lo dejó en una silla de ruedas a la espera de la ayuda del Estado colombiano.
Este humilde campesino, oriundo del municipio de Santa Cruz de Guachavés, en Nariño, pide que el Estado colombiano no solo tenga en cuenta a las víctimas, sino también a sus familias en proyectos de vivienda, salud, educación y emprendimientos laborales.
Como ellos, son decenas de víctimas de minas antipersonal que tienen la fe y esperanza de que con este programa de desminado humanitario se pueda disminuir la cifra de personas afectadas por estas armas letales, que se han convertido en el peor enemigo para las comunidades campesinas de Nariño.
Señalan que sus familiares y los y las cuidadoras deben ser también sujetos de reconocimiento como víctimas directas por parte del Estado.
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