Desde Cali, en el desarrollo de la COP16 , la defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre los riesgos que afectan los ecosistemas en el país, especialmente la región Andina, Amazonía y Pacífico, por cuenta de la minería ilegal y la extensión de cultivos ilícitos.
La alerta fue dada a conocer en dos documentos que recoge las problemáticas y los riesgos de la biodiversidad para departamentos como el Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Tolima, Putumayo y gran parte del Valle del Cauca.
"Estas alertas no solo contaminan los recursos hídricos, sino que destruyen ecosistemas vitales y ponen en riesgo a la flora, la fauna y las comunidades, sobre todo porque hace falta control institucional”, señaló la defensora.
Asimismo, argumentó que las áreas protegidas se encuentran altamente amenazadas, es decir, que 75 extensiones claves para biodiversidad están en concesiones mineras y en esos puntos, existe un alto riesgo de la pérdida de la naturaleza y sus ecosistemas.
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"La COP16 , celebrada este año en Colombia, es una gran oportunidad para contarle al mundo el estado de la biodiversidad, hacer evidentes los diversos problemas, desafíos y obstáculos, pero también, para robustecer, proponer e implementar estrategias de conservación y promover su protección de manera efectiva”, explicó Marín Ortiz.
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Ante estos hallazgos, la entidad hizo alrededor de 50 recomendaciones a diferentes instituciones del orden nacional y local sobre la conservación, protección y preservación de los ecosistemas biodiversos que se deben aplicar en todo el país.
"Les solicitamos a las autoridades ambientales implementar acciones de restauración ecológica de los ecosistemas afectados, consolidando los instrumentos de planificación, que permitan establecer un régimen ambiental de usos del suelo, asignando a cada zona una categoría de manejo que asegure su sostenibilidad”, aseguró la defensora del Pueblo.
Finalmente, reiteró al Ministerio de Defensa, la Policía, Ejército Nacional, y Parques Nacionales Naturales, ejecutar una estrategia más contundente para el cierre de las bocatomas ilegales de minería ubicadas en los municipios que conforman el Macizo Colombiano.