La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tumaco formuló pliego de cargos contra 7 de los once concejales en el municipio de Magüí Payán, en la subregión del Telembí en Nariño, por negarse a posesionar al abogado Alejandro Quiñones, quien ocupó el primer puesto en el concurso para personero municipal.
Blu Radio conoció que los concejales Fredis Edinson Quiñones, Nelson Damar Torres, Terencio Dagoberto Quiñones, Lucio Arboleda Montaño, Jeilin Calixto Quiñones, Jan Carlos Dajomes Tenorio, Fabio Alexis Quiñones Lara, a través de la resolución 002 del 09 de enero de 2024, declararon desierto el concurso público de méritos y lo abrieron nuevamente para el nombramiento de personero en el municipio de Magüí Payán.
Según Alejandro Quiñones, quien habló con Blu Radio, el fallo de 211 páginas del Ministerio Público indica que dicha resolución se motivó en el artículo 174, literal f, de la ley de 1994, donde se dispone que no podrá ser elegido personero quien sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o tenga vínculos matrimoniales con los concejales que intervienen en su elección, o con el alcalde.
Quiñones indicó que la Procuraduría inició la investigación disciplinaria y, dentro de la práctica de pruebas, se demostró que la inhabilidad la estaban atribuyendo a un exalcalde, padre del aspirante a personero, mas no con el alcalde en ejercicio actual, conforme al formulario E-27 y la lista de elegibles del concurso público para proveer el cargo de personero municipal para el periodo de marzo de 2024 hasta el último día de febrero de 2028.
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El despacho observó que, de manera deliberada, usaron apartes de un concepto y de la ley para construir un argumento falaz y emitir una resolución contraria a la ley. Así las cosas, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tumaco formuló pliego de cargos como falta gravísima y los concejales estarían afrontando una sanción de 8 a 10 años de inhabilidad y destitución inmediata.
Asimismo, la Fiscalía General solicitó con urgencia dicho pliego para adelantar la investigación penal por las múltiples violaciones al ordenamiento jurídico. Los delitos que estarían enfrentando son prevaricato por acción, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y abuso de función pública.
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