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Estaciones de gasolina en Nariño aprovechaban subsidios para vender gasolina más cara

La Fiscalía impuso medidas cautelares y tomó posesión sobre seis estaciones de servicio que estarían involucradas en la venta ilegal de gasolina en Nariño y Cauca.

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Estación de gasolina.
Foto: Fiscalía General de la Nación.

En el suroccidente del país, seis estaciones de servicio operaban sin levantar sospechas en los municipios de Nariño y Cauca. Sin embargo, detrás de su aparente normalidad, se ocultaba una operación ilegal que desviaba combustibles, destinados a zonas de frontera, hacia el mercado clandestino.

Desde 2020, estas estaciones habían sido pieza clave en un esquema que aprovechaba los subsidios estatales para lucrarse con la venta ilegal de gasolina y ACPM a precios más altos. El 1 de septiembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional irrumpieron en las estaciones de servicio ubicadas en Puerres, San Pablo, La Cruz y Arboleda, en Nariño, así como en Puerto Tejada y Piendamó, en Cauca.

Las diligencias se llevaron a cabo en el marco de unproceso de extinción de dominio, aplicando medidas de embargo y secuestro sobre estos bienes, cuyo valor supera los 7.000 millones de pesos. La diligencia quedó grabada y los videos fueron dados a conocer.

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Estaciones de gasolina.
Foto: Fiscalía General de la Nación.

Las pruebas obtenidas revelaron cómo la estructura criminal había utilizado estas estaciones para recibir combustible mediante maniobras ilícitas, desviándolo de su destino original para venderlo en el mercado clandestino.

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“Los elementos de prueba obtenidos indican que las propiedades harían parte del patrimonio ilícito de una red dedicada al apoderamiento y destinación ilegal de hidrocarburos, cuyos presuntos integrantes fueron acusados como parte de una investigación que se sigue en la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con la que se trabajó articuladamente desde la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio”, dice la Fiscalía.

Con el operativo, la Fiscalía desarticuló una parte importante del patrimonio ilícito de la organización, cuyo caso sigue bajo investigación en la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Ahora, la administración de las estaciones de servicio quedará en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), encargada de gestionar los bienes recuperados.

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