El conflicto por la concesión SIUR del sistema MIO en Cali ha escalado al punto de que la Red de Veedurías de Colombia ha presentado una queja disciplinaria contra Álvaro José Rengifo Campo, gerente de MetroCali, y otros responsables. Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías, radicó la denuncia ante la Personería Municipal de Santiago de Cali, señalando que la mala gestión y la falta de soluciones han puesto en grave riesgo la estabilidad del sistema de transporte de la ciudad.
El problema se originó en 2008, cuando MetroCali firmó un contrato con la UTR&T para el diseño, implementación y mantenimiento del sistema de información y recaudo del MIO. A lo largo de los años, los problemas financieros y administrativos fueron afectando la ejecución del contrato. En 2015, el Gobierno nacional intentó aliviar la crisis con nuevas reglas de financiación para los sistemas de transporte masivo, permitiendo apoyos adicionales. Sin embargo, la situación del MIO siguió deteriorándose.
En 2019, el Ministerio de Transporte y otras entidades emitieron una circular con recomendaciones para evitar el colapso del sistema. Se enfatizó que cualquier reestructuración debía ser concertada con todas las partes involucradas, pero esto no se cumplió. Como consecuencia, la UTR&T demandó a MetroCali en 2020 ante la Cámara de Comercio de Cali, exigiendo 263.000 millones de pesos por presuntos incumplimientos contractuales. En julio de ese año, ambas partes intentaron negociar una salida, evaluando la viabilidad de la concesión y posibles soluciones para garantizar la prestación del servicio.
A pesar de estos intentos, no hubo acuerdos concretos. La falta de acciones efectivas ha generado serios riesgos para la ciudad, según la denuncia de la Red de Veedurías. Si la situación no se resuelve, el sistema de recaudo del MIO podría colapsar afectando gravemente la sostenibilidad financiera del sistema. Además, la parálisis del recaudo podría llevar a la interrupción del servicio de transporte público, dejando a miles de caleños sin opciones de movilidad.
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Otro riesgo señalado en la queja es el impacto económico para la ciudad. De no corregirse las irregularidades, MetroCali podría enfrentar millonarias sanciones y pagos de indemnizaciones por demandas en su contra. Esto afectaría el presupuesto público y podría comprometer recursos destinados a otras áreas esenciales.
Por estas razones, la Red de Veedurías exige a la Personería Municipal que investigue la gestión de MetroCali y determine si hubo irregularidades disciplinarias. De no tomarse medidas, advierten que la crisis del MIO podría agravarse, con consecuencias directas para la movilidad de Cali y pérdidas económicas significativas para la ciudad.
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