Según la representante por Cundinamarca, se ha identificado una serie de actos de corrupción en los que se han visto involucrados proveedores y funcionarios, afectando gravemente a los niños beneficiarios del programa
. Entre las denuncias destacan la entrega de alimentos vencidos, con gusanos y en condiciones insalubres, lo que ha levantado una ola de indignación entre padres de familia, veedurías y autoridades.
Vásquez reveló que el proceso de adjudicación del PAE
en Girardot en 2024 estuvo marcado por irregularidades, comenzando con una licitación pública por más de $5.000 millones que fue declarada desierta tras detectarse falsificación de documentos en las ofertas presentadas por la unión temporal Las Acacias, conformada por Fombisol y Jerarquía Corporativa S.A.S. Ante esta situación, se dio paso a una contratación por urgencia manifiesta por $2.000 millones, que fue adjudicada directamente a la Fundación Unidos Nutriendo Sueños, representada por Robinson Cely Cely, un nombre recurrente en este tipo de procesos. Además, Vásquez señaló que esta fundación ha estado involucrada en otros escándalos relacionados con la falsificación de documentos en licitaciones previas.
El proceso siguió con una selección abreviada por $3.724 millones, otorgada nuevamente a la unión temporal Uniendo Girardot, donde la Fundación Unidos Nutriendo Sueños tiene una participación del 70%. Para el contrato de 2025, por $5.979 millones, esta misma unión temporal fue beneficiada, consolidando su monopolio según dice la congresista, en la contratación del PAE en la región
.
El problema no solo radica en la adjudicación de los contratos, sino también en la calidad de los alimentos entregados. Según denuncias de padres de familia y veedurías, los niños en Girardot han recibido alimentos en pésimas condiciones, algunos con gusanos y otros vencidos. Además, se ha reportado que los operadores del PAE
han impedido el acceso de las veedurías a las bodegas y centros de almacenamiento, lo que ha generado sospechas sobre la transparencia y el manejo de los recursos destinados a la alimentación escolar.
La congresista Vásquez expresó su preocupación por la falta de control en el programa y señaló que las irregularidades en la calidad de los alimentos reflejan una posible corrupción que afecta directamente la salud de los niños beneficiarios. Las denuncias fueron presentadas
ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, que ya tiene abierta una investigación por la falsificación de documentos en el proceso de licitación.
Ante estos hechos, Vásquez hizo un llamado a las autoridades competentes para que se tomen medidas urgentes y se realicen investigaciones a fondo. "Exijo una respuesta inmediata de las autoridades y garantías para la transparencia en la contratación pública, porque con la alimentación de los niños
no se juega", concluyó la congresista.
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