La Procuraduría General de la Nación radicó, ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, una demanda de acción popular, que ya fue admitida, y en la que le pide al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, e Invías, suspender la reanudación del cobro en el peaje Papiros y, entre otras cosas, revisar el desmote de la polémica caseta de control.
Dicha acción popular, cuyo contenido fue conocido por Blu radio, fue radicada el pasado 27 de junio, es decir, cuatro días antes de que el ministerio de Transporte anunciara la tarifa diferencial de $1.500 para empezar su cobro a partir del 1 de agosto para categorías C1 y C2.
El diputado por el Atlántico, Camilo Torres, dio a conocer que la demanda de acción popular cuenta con el respaldo de la Asamblea Departamental, pues no descansarán hasta que los derechos de los ciudadanos "sean respetados".
"Vamos por buen camino. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico admitió la acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación que busca el desmonte de la caseta de cobro Papiros. Es un paso más en esta lucha que lleva más de 25 años", explicó.
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El órgano de control también solicitó que se ordenara a los responsables "tomar todas las decisiones necesarias para la reubicación de la báscula de pesaje que se encuentra construida a un lado de la mencionada caseta", en un lugar donde no afecte el transito de vehículos, bicicletas y peatones.
Esta petición, entre otras cosas, acompaña las quejas que desde el año pasado han venido manifestando los usuarios de esta vía, en especial habitantes del municipio de Puerto Colombia, Atlántico, quienes se han organizado en el Comité ‘No Al Peaje’ para insistir en el desmonte de esta caseta, instalada hace casi 28 años.
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