La Policía Metropolitana de Barranquilla se reunió este fin de semana con los representantes de las 24 empresas de transporte público colectivo que operan en esta zona del departamento del Atlántico, en aras de socializar las acciones que se están implementando para preservar la vida, sobre todo, de conductores y/o empleados adscritos a este gremio.
Durante la mesa de trabajo desarrollada en horas de la mañana de este viernes, en la que participó el Director Nacional del Gaula, se entregó un balance de la gestión que se viene desarrollando tras la circulación de un panfleto en el que le exigían a la empresa Lolaya “arreglar su situación” con un plazo de 24 horas, destacando que se ha evitado que las empresas paguen hasta $5.677 millones de pesos producto de las extorsiones.
Siendo así, uno de los principales acuerdos fue el del trabajo conjunto, siendo que el deber de los transportadores será el de informar oportunamente cualquier situación de inseguridad y, de esta manera, hacer las denuncias correspondientes en el caso de ser necesario.
El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que "esta no es la primera mesa de trabajo con los transportadores, pues ya hemos venido reuniéndonos con ellos en ocasiones anteriores y en esos espacios han confirmado un incremento en la confianza en las autoridades gracias a los resultados que se han obtenido en la lucha contra la delincuencia, en especial contra el delito de la extorsión".
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Y es que, como se recordará, en el documento supuestamente emitido por el Clan del Golfo, se amenazaba también a las demás empresas de servicio público que operan en Barranquilla y su área metropolitana, en la que advertían con tomar supuestas represalias contra familiares de propietarios y/o conductores si no accedían a sostener un “diálogo cordial” con ellos.
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