Radican acción de tutela contra el cobro de la valorización en la Vía al Mar

El representante a la Cámara por el Atlántico, Gersel Pérez, confirmó la radicación de una acción de tutela en contra del llamado cobro de la valorización en la Vía al Mar, debido a que no se habrían adelantado las consultas previas a las comunidades étnicas que se encuentran en la zona, esto basado en lo ordenado por la ley 21 de 1991.

Pérez catalogó el impuesto como injusto, declarando que muchos de los que residen en los alrededores de este tramo no tendrían cómo pagarlo.

“Hemos decidido conjuntamente con las organizaciones étnicas del departamento del Atlántico, específicamente asentadas en el distrito de Barranquilla y los municipios de Puerto Colombia, Malambo y Galapa, presentar una acción de tutela por el incumplimiento del Gobierno Nacional a la Ley 21 de 1991, la cual establece que en cualquier sector sea administrativo o legal donde se vaya a afectar a las minorías étnicas, se debe realizar la consulta previa”, introdujo.

“Lo que dice el señor presidente (Gustavo Petro) es que en cada uno de estos municipios viven extranjeros en condominios. ¿Será que sí ha recorrido el Atlántico, Cartagena o Santa Catalina?, le vamos a demostrar la presencia étnica en cada uno de los sectores de los 10 municipios que pretenden afectar con esta valorización”, agregó.

La idea con esta acción de tutela es que se dé pie a una medida cautelar que suspenda cualquier cobro hasta que se defina la realización de este mecanismo de consulta.

“Hoy estamos afectados con el costo de la energía, en algunos sectores no nos llega el agua potable , no tenemos alcantarillado, ni siquiera hay servicio de gas. Esta brecha afecta económicamente los lugares donde están nuestros asentamientos. Por ello, pedimos una medida cautelar para que el Gobierno Nacional no pueda implementar la resolución del 26 de agosto del 2024, cuyo contenido determina que a partir del mes de febrero del próximo año se deben empezar a expedir estas facturas”, argumentó Gersel Pérez.

“Una familia que tenga una tienda en el municipio de Tubará lo van a catalogar como comercial, en ese sentido tendrá que pagar tres veces lo que paga actualmente en el predial. Si no lo hace, debe hacerlo en especie. En otras palabras, si no tengo dinero, me veré obligado a entregar mi casa, mi terreno o las pocas vaquitas que tengo para cubrir ese impuesto”, finalizó el congresista.

Según estudios previos, por lo menos 147.000 predios de 10 municipios entre Atlántico y Bolívar serán sujetos de este tributo.

El DANE estableció que en el municipio de Tubará, por ejemplo, un 64 % de la población es descendiente Mokaná, sin embargo, no más de un 10 % de los predios de esta zona fueron excluidos del cobro.