Un informe urgente con las medidas adoptadas frente al caso solicitó la Procuraduría General de la Nación a la Policía Metropolitana de Barranquilla tras conocer la denuncia que públicamente hizo la subintendente Sandra Marín Urueta, quien se declaró víctima de “acoso sexual, laboral y psicológico” por parte de dos oficiales de esta institución.
La mujer, también abogada de profesión, denunció a través de un extenso video en redes sociales que solicitó su retiro de la Policía luego de que ordenaron su traslado a Cali -según cuenta- como un acto de represalia en su contra porque no accedió a las pretensiones sexuales que le hizo un oficial.
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La subintendente, quien prestaba sus servicios en la Terminal de Transporte de Barranquilla, asegura que toda esta situación le ha afectado su salud mental y hasta ha tenido que ser hospitalizada, pues el acoso no sólo provino de aquel oficial, sino también de su jefa inmediata, quien la habría sometido a presiones laborales.
Así las cosas, el ente de control también requirió a la Policía “información detallada sobre la activación de las rutas intersectoriales de atención a la mujer víctima de violencia de género, así como las estrategias y acciones implementadas por la institución para prevenir, atender y mitigar casos similares”.
Además, el ente de control solicitó, a través de la Delegada para la Fuerza Pública, la remisión de las actuaciones sufridas frente al caso y asumirá las actuaciones disciplinarias a que haya lugar.
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