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Un informe urgente con las medidas adoptadas frente al caso solicitó la Procuraduría General de la Nación a la Policía Metropolitana de Barranquilla tras conocer la denuncia que públicamente hizo la subintendente Sandra Marín Urueta, quien se declaró víctima de “acoso sexual, laboral y psicológico” por parte de dos oficiales de esta institución.
La mujer, también abogada de profesión, denunció a través de un extenso video en redes sociales que solicitó su retiro de la Policía luego de que ordenaron su traslado a Cali -según cuenta- como un acto de represalia en su contra porque no accedió a las pretensiones sexuales que le hizo un oficial.
La subintendente, quien prestaba sus servicios en la Terminal de Transporte de Barranquilla, asegura que toda esta situación le ha afectado su salud mental y hasta ha tenido que ser hospitalizada, pues el acoso no sólo provino de aquel oficial, sino también de su jefa inmediata, quien la habría sometido a presiones laborales.
Así las cosas, el ente de control también requirió a la Policía “información detallada sobre la activación de las rutas intersectoriales de atención a la mujer víctima de violencia de género, así como las estrategias y acciones implementadas por la institución para prevenir, atender y mitigar casos similares”.
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Además, el ente de control solicitó, a través de la Delegada para la Fuerza Pública, la remisión de las actuaciones sufridas frente al caso y asumirá las actuaciones disciplinarias a que haya lugar.
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