Presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones es la razón por la que la Procuraduría General de la Nación formuló cargos a Rosa Irene Rosado Hernández, quien fungió como gerente del Centro de Salud Usiacurí, Atlántico , entre 2021-2024.
El ente de control explicó que la exfuncionaria, pese a no tener competencias ni facultades para ello, habría ordenado el embargo de recursos parafiscales y la retención de los dineros depositados por la Nueva Empresa Promotora de Salud S. A., Nueva EPS S. A. en cuentas corrientes, de ahorro, CDT, en bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, y compañías de financiamiento comercial, en todo el país, por $ 883’441.446.
La Procuraduría advierte que “aparentemente Rosado Hernández desconoció la inembargabilidad de los recursos destinados al sistema general de seguridad social en salud”.
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Agregó que, “con su proceder, la exgerente pudo transgredir los límites de legalidad que le determinaban la Constitución, la ley y el manual de funciones, al parecer, vulnerando los principios de responsabilidad y moralidad de la función administrativa”.
Para la Procuraduría esta posible conducta es una “falta grave cometida a título de culpa grave”, ya que “el manejo de los recursos destinados a la prestación del servicio de salud no puede depender de la voluntad de un servidor público, sino de las normas que previamente se establecieron para el buen funcionamiento del sistema”.
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