En un encuentro con autoridades y gremios del Atlántico, el ministro de Minas, Andrés Camacho, aseguró que avanza en una carrera contrarreloj para cumplir la orden que dio el presidente Gustavo Petro en Barranquilla, en el sentido de que la Nación asuma la deuda de la llamada ‘opción tarifaria’ que se viene arrastrando desde la pandemia y que ahora es facturada a los usuarios.
El ministro reiteró que la deuda por la opción tarifaria está valorada en 4.8 billones de pesos, pero dejó claro que el Estado, al menos por ahora, solo asumiría la deuda de los estratos 1, 2 y 3, equivalente a unos 2.8 billones de pesos.
En ese sentido, anunció que al cierre de esta semana habrá una serie de reuniones con las principales comercializadoras de energía en el Caribe para acordar cómo se llevará a cabo esa transferencia.
“Vamos a desarrollar una sesión de trabajo el viernes con Aire y con Afinia , con cada una de las empresas por separado, para hacer los acuerdos respectivos que permitan cumplir el mandato que tenemos y es tomar esa deuda como una deuda de la Nación y garantizar en el menor plazo posible que ese alivio se transfiera a los usuarios y las usuarias”, dijo.
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“Esperamos, en este acuerdo, poder entregar la información de en qué fecha empezaría esa reducción y ese alivio a los hogares a nivel nacional, pero específicamente en el Atlántico y en general en el Caribe”, agregó.
Sin embargo, en el Caribe ya se empiezan a escuchar las voces de descontento frente a la decisión del Gobierno de asumir solo la deuda de los estratos 1, 2 y 3, pues los usuarios afirman que esto no fue lo que prometió el presidente Petro en su encuentro de barrios populares en Barranquilla.
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Insisten en que la orden del presidente y el compromiso que anunció era que la Nación asumiría la deuda de la opción tarifaria para bajar las tarifas de todos los usuarios, no solo para aliviar a estratos 1, 2 y 3.
Ante la insistencia de los usuarios, gremios y el mandatario sobre qué pasará con la deuda de los estratos 4, 5 y 6, el ministro respondió que están “buscando una negociación y un acuerdo con las empresas para precisar cuál sería ese valor y qué otras alternativas se podrían brindar para lograr una reducción y satisfacer esta necesidad de los usuarios”.
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