Polémica por presunto caso de maltrato a estudiante en silla de ruedas en colegio de Barranquilla

Para Lina Manrique no ha sido fácil denunciar públicamente que su hija, con un tipo de parálisis cerebral espástica, estaría siendo presuntamente discriminada por docentes y directivos del Instituto Técnico Nacional de Comercio, luego de conocerse que, por negativas para ayudarla a bajar su silla de ruedas, se ve obligada a pasar horas enteras en el salón de clases sin ningún tipo de acompañamiento ni supervisión.

Así quedó evidenciado en un video que grabó su propia hermana quien, en pasados días, se sorprendió al ver a la menor con la cabeza recostada en su pupitre, mientras sus compañeros se encontraban en clase de educación física.

Fue precisamente este mismo video que publicó Manrique en su cuenta de Instagram, dando a conocer que, debido a la situación que padece a diario su hija de 12 años, la menor ha tenido que enfrentarse a críticos cuadros de estrés y pánico.

Paola Amar, secretaria de Educación de Barranquilla , confirmó que luego de comunicarse de manera directa con la rectoría del colegio, se inició una investigación disciplinaria.

"Se llamó a las directivas del Instituto Técnico Nacional de Comercio para conocer la situación que se había manifestado por redes sociales y entender qué es lo que había pasado y cuáles eran las acciones que había tomado el colegio", dijo la secretaria.

"A partir de la información suministrada por el colegio, hemos decidido como Secretaría de Educación abrir esta investigación disciplinaria", agregó.

La Personería de Barranquilla apoyará el proceso investigativo, toda vez que se busca determinar o confirmar si habrían omisiones en el cuidado de la menor, quien también padece de cuadros de convulsión.

¿Qué dice la Asociación de Educadores del Atlántico?

Entre tanto, la Asociación de Educadores del Atlántico rechazó las acusaciones contra el cuerpo docente y directivos del Instituto Técnico Nacional de Comercio por este caso. Afirman que la problemática va más allá, pues “no es culpa de los maestros y maestras y si de las políticas públicas de las que se les sustrae que haya inclusión sin condiciones para la misma”.

“La Secretaría, primera garante de los derechos de accesibilidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, debería vigilar, por ejemplo, desde la fase de elaboración de planos que las Instituciones Educativas cumplan con normas técnicas como la 4595 y que se garantice como mínimo rampas”, expresó Adea, sin obviar “la operatividad de ascensores que nunca cumplieron su cometido y que hoy son trampas mortales y elefantes blancos sin ningún sentido diferente al enriquecimiento de contratistas”.