El polémico cobro de valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la vía que conecta a Barranquilla- Cartagena sigue generando "rechazo rotundo" entre los gremios económicos de los departamentos del Atlántico y Bolívar, quienes han advertido que este podría convertirse en una amenaza de "confiscación".
Al menos así lo ha planteado el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cépeda Tarud, quien explicó que este cobro podría generar que los propietarios de los predios gravados incumplan con los pagos, precisamente por no contar con la capacidad económica para asumirlos, convirtiéndose en sujetos de instrumentos de cobros coactivos que podrían llegar, inclusive, al remate de sus inmuebles.
En este sentido, expresó que seguirán la batalla jurídica ante los vicios de nulidad que tendrían las resoluciones expedidas por el Instituto Nacional de Vías (Invías), para adelantar este proceso a partir de marzo del 2025, teniendo en cuenta que las notificaciones llegarían a partir del próximo mes.
"Seguiremos por esta vía, por la vía jurídica, para evitar este cobro que consideramos inequitativo e injustificado por una vía que de 210 kilómetros aún tiene 60 en calzada sencilla. Seguramente seguirá así, aunque el Gobierno nacional empiece con esta contribución", dijo Cepeda.
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Así las cosas, lo que sugieren los gremios económicos es que el Invías derogue las resoluciones que permiten el cobro de valorización y que, de esta manera, sea el Consejo de Estado el que se pronuncie sobre la legalidad del mismo.
Cabe recordar que el cobro de valorización estaría dirigido para un total de 248.000 unidades prediales ubicadas entre Cartagena y Santa Catalina (Bolívar); Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad y Malambo (Atlántico). Por medio de la contribución, entre otras cosas, se espera un recaudo de 2,3 billones de pesos.
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