El secuestro del comerciante Walid Dasuki Al Haff, de origen colombo-libanés, ha causado gran consternación en el municipio de Maicao.

La Gobernación de La Guajira, junto a la Alcaldía de Maicao, han anunciado una recompensa que conduzca a información importante que los lleve con la ubicación exacta de este reconocimiento comerciante.

"Este es un acto cobarde y cruel no solo afecta a la familia y amigos de la víctima, sino que también afecta la seguridad de nuestra comunidad (…) ofrecemos una recompensa de hasta 100 millones de pesos que conduzca a la liberación del comerciante y a la captura de todos sus responsables", dijo Misael Velásquez, secretario de Gobierno de La Guajira .

En un nuevo vídeo en manos de las autoridades se observa cómo un grupo de hombres armados y vestidos de negro, lo sacaron a la fuerza de su local comercial dedicado a la venta de electrodomésticos, y lo suben a una camioneta color blanco.

La pista es clave para el Gaula de la Policía y el Ejército, que ya han iniciado los operativos de búsqueda junto al CTI de la Fiscalía.

Procuraduría investigará al alcalde (e) de Maicao, La Guajira, por presunto microtráfico

En la mira de la Procuraduría General de la Nación se encuentra el alcalde (e) y secretario de Gobierno de Maicao, Kevin López Barros, por presuntamente utilizar su cargo como funcionario público para ocultar su participación en conductas delictivas y cometer actos que, según las investigaciones, estarían relacionados con la comercialización de estupefacientes .

Al menos así lo refirió el Ministerio Público que, a través de un comunicado emitido la mañana de este sábado, explicó que el proceso disciplinario inició tras la captura de López Barros el pasado 14 de agosto de 2024, en medio de un operativo que adelantó la Policía Nacional, en cumplimiento a un requerimiento de la Corte del Distrito Sur de la Florida, EE. UU., por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Así las cosas, la Procuraduría General de la Nación solicitó tanto a la Fiscalía como a la Policía Nacional la información relacionada que permita evidenciar si López Barros habría utilizado su condición como servidor público para la comisión de los delitos anteriormente mencionados.

"El Ministerio Público solicitó a la Fiscalía y Policía Nacional información relacionada con el proceso que terminó con la captura del funcionario, que permita evidenciar que se valió de su condición de servidor público para la comisión de los delitos que motivaron su aprehensión", detalla el comunicado de la Procuraduría.