Mientras en Santander el gobernador Juvenal Díaz Mateus anunció que cobrará la tasa de seguridad a través de la factura del servicio de energía, la intervenida empresa Air-e espera que “en el corto plazo” se retire de la factura de energía el cobro de este impuesto para los usuarios del departamento del Atlántico.
En el caso de este último departamento, el cobro de la tasa de seguridad representa hasta más del 10% del valor total de la factura de energía que mes a mes pagan los usuarios.
La idea de que este impuesto se cobre por una vía distinta al recibo de energía es una posibilidad que se viene debatiendo hace varios meses; sin embargo, la agente interventora de Air-e, Diana Bustamante, aseguró en las últimas horas que la decisión se adoptaría más temprano que tarde.
“En Air-e se adelantan meses de trabajo con el departamento del Atlántico para sacar el cobro de la tasa de seguridad de la factura de energía. Son significativos los avances y esperamos que en un corto plazo esto se haga realidad para el beneficio de los usuarios”, afirmó Diana.
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La intervención de Bustamante se dio en presencia del mismo ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien recordemos que fue quien impulsó esta idea cuando era agente interventor de Air-e.
Trasladar el cobro de la tasa de seguridad a otra factura o mecanismo de recaudo es una decisión que requiere de un acuerdo con la Gobernación del Atlántico, que ha insistido en la necesidad de mantener esta recaudación para atender los asuntos de seguridad y, sobre todo, responder las vigencias futuras que están comprometidas.
Por otro lado, el Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, rechazó el anuncio del Gobernador de Santander de cobrar la tasa de seguridad a través de la factura del servicio de energía, considerándola contraproducente por las graves afectaciones que trae al bolsillo de la gente.
“Se trata de la misma tasa de seguridad que tienen los habitantes del departamento del Atlántico y contra la que llevan luchando varios años, el cobro de esta tasa trae consigo implicaciones jurídicas y económicas donde se les impone a los usuarios un valor fijo independiente de su consumo de energía, lo que contradice los principios de justicia y equidad tributaria establecidos en la Constitución”, expresó el Ministro.
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