En las instalaciones de la Asamblea del Atlántico se llevó a cabo una sesión descentralizada de la Comisión IV del Senado, que citó a debate de control político a la ministra de Transporte, María Constanza García, a Invías y a la ANI, para abordar el polémico cobro de valorización que se aplicará a los predios aledaños al corredor Cartagena - Barranquilla.
En este escenario, la ministra García aseguró que el Gobierno ya empezó a responder a las demandas que han interpuesto congresistas, gremios y diferentes sectores en contra de este cobro.
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"Pero así como cada uno ha considerado que hay méritos para interponer una demanda, nosotros también haremos la debida defensa", dijo.
En el debate se escucharon voces de descontento de líderes de la comunidad, del Comité Integremial, de Cotelco Atlántico, entre otros sectores que insisten en que este cobro es ilegal y lapidará el desarrollo y la economía de quienes deben asumir este pago.
Uno de los que más subió el tono fue el congresista Carlos Meisel: "No hay cosa que a uno como hombre lo enerve más que lo crean a uno idiota (...) No nos crean güevones, en esas socializaciones no había nadie", le manifestó el senador al director del Invías, luego de que este dijo que el Gobierno había cumplido con el proceso de socialización del cobro de valorización.
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"No es un impuesto": MinTransporte
La ministra de Transporte insistió en que "este no un impuesto, sino una contribución" que solo se exigirá a quienes tengan capacidad de pago.
Recalcó que de los 248.000 predios identificados inicialmente como sujetos de valorización, 100.000 quedarán exentos y que aun así se aspira a recaudar entre 1.2 y 1.3 billones de pesos.
La ministra dejó ver que estos recursos servirían para atender necesidades en materia de infraestructura que hoy tiene este territorio, "como el puente de la hermandad, proyectos de la vías secundarias y la imperiosa deconstrucción del viejo puente pumarejo".
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Por cierto, acerca del antiguo puente Laureano Gómez, la ministra destacó que derribar esta estructura ya no requiere una licencia ambiental y que ello amerita avanzar más rápidamente en su demolición.
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