El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, señaló que, si el departamento deja de percibir los recursos de la tasa de seguridad y alumbrado público por esa decisión que busca desligar estos cobros del recibo de energía, "será el Gobierno nacional el que asuma las responsabilidades de invertir" en estos aspectos.
Así, el mandatario departamental envió una carta a la intervenida empresa Air-e , con copia al superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, en la que le deja claro a la compañía que es “responsabilidad” de las agentes recaudadoras incluir el valor de la tasa en la facturación que se le envía a los usuarios mensualmente.
Verano aclara que bajo la Ley 142 y 143 de 1994 se reglamenta dicho cobro y quiénes son los responsables de liquidar, recaudar y declarar la tasa de seguridad y convivencia ciudadana.
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"No queda duda, entonces, que el deber que le asiste a la sociedad Air-e S.A.S E.S.P. en su calidad de empresa comercializadora de energía eléctrica que opera en el Atlántico es el de recaudar la tasa de seguridad y convivencia ciudadana con relación a sus usuarios, imposición normativa que deviene de un acto administrativo de carácter general, el cual es, a saber, el Estatuto Tributario Departamental”, dijo Verano.
"Hay que conciliar": procuradora
La procuradora Margarita Cabello también se pronunció al respecto y sostuvo que en este tema de los cobros de terceros "hay una doble situación que hay que tener muy presente", pues, por un lado, están los cobros de seguridad o de aseo que son "importantísimos" para que la ciudad siga desarrollándose como la ciudadanía quiere y, por otro lado, está la preocupación por el cargo adicional que esto implica en la factura".
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"Esto se arregla, como todas las cosas, con mesas de trabajo y sentándonos a conciliar. Ambas partes tienen razón y hay que buscar un punto de equilibrio para que sigamos desarrollándonos, pero sin afectar la tarifa de energía", opinó Cabello.
Agregó la procuradora que esas altas tarifas, entre otras cosas, deben solucionarse con otras decisiones del Gobierno que, a su vez, deben ser tomadas rápidamente.