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Gobernador del Atlántico pide que intervención a Air-e implique una "transición tranquila"

Eduardo Verano pidió al Estado que se inyecten recursos para que Air-e pueda operar.

Gobernador del Atlantico.
Gobernador del Atlantico.
Foto: Gobernacion del Atlantico.

Garantizar el servicio y que la intervención no sea “simplemente de papel” es la petición que hizo el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, mediante una carta enviada la tarde de este martes en la que además hace propuestas para contribuir al proceso que se va a enfrentar la ciudadanía por los cambios que se avecinan.

Verano también incluye en la comunicación a la empresa Afinia , que es la encargada de suministrar la energía a los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y una parte del sur del Magdalena.

Verano solicitó al Gobierno Nacional una “transición tranquila” que garantice la prestación del servicio a toda la ciudadanía y que se inyecten recursos para que Air-e pueda operar. Invitó a que desembolsen los dineros de los subsidios que no han sido girados.

En la carta enviada a MinMinas y a la Superservicios, el gobernador Verano propone concretamente que el agente interventor debe asegurar que las obligaciones laborales, así como los pagos a contratistas y proveedores, se cumplan oportunamente.

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En segundo lugar, propine una reestructuración de deudas sin suspensión de pagos, es decir, que se exploren alternativas de renegociación de pasivos con los acreedores y proveedores que vienen prestando los servicios operativos a Aire y/o Afinia, pero sin suspender los pagos de las obligaciones esenciales para mantener la operación.

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También propone que el Estado considere la asignación de recursos temporales de emergencia, ya sea mediante préstamos del Gobierno nacional o mecanismos de financiamiento extraordinario, para garantizar que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones mientras se reorganizan.

Y por último, pide que el proceso de intervención esté sujeto a una estricta supervisión y transparencia, con la emisión de informes periódicos sobre el avance de los pagos y las medidas adoptadas para la recuperación financiera, garantizando la confianza de acreedores, proveedores y usuarios.

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