Descubren conexiones ilegales y alteración de medidores en casas y establecimientos en Barranquilla

En medio de recientes inspecciones técnicas desarrolladas por la empresa Air-e para combatir el hurto de energía y el uso ilegal del servicio en el departamento del Atlántico, la entidad halló conexiones eléctricas irregulares tanto en unidades residenciales como en establecimientos comerciales en Barranquilla.

Un primer hallazgo se registró en una vivienda del barrio San Luis, ubicado en el sur de Barranquilla, donde los técnicos de Air-e hallaron 18 conexiones ilegales para evadir el consumo real de la energía eléctrica de la siguiente manera: cinco acometidas intervenidas, once medidores manipulados y/o alterados y dos líneas directas por fuera de la medida, lo cual representa un perjuicio económico por el orden de los $10 millones de pesos mensuales.

En otro punto de la ciudad, la empresa Air-e detectó irregularidades en el Hotel Palmar, ubicado en el centro de Barranquilla, donde se logró hallar un servicio directo sin medidor, que al mes implicaba pérdidas por hasta $4 millones de pesos mensuales de acuerdo con los cálculos estimados de la entidad, teniendo en cuenta que el cliente dejó de pagar los impuestos de contribución: tasa de seguridad y alumbrado público.

Adicionalmente a ello, el personal de la empresa encontró un equipo de medida manipulado en el sector del Barrio Abajo, en cuyo predio se ubica una tienda con venta de alimentos y artículos en general, generando afectaciones económicas por más de $500.000 pesos mensuales.

Ante los casos reiterativos del delito de defraudación de fluidos, la compañía aseguró que continuará desplegando acciones para mitigar el hurto de energía y, de esta manera, sancionar a los clientes que insisten en obtener el servicio de manera ilegal y antitécnica.

A la fecha, la empresa Air-e lidera más de 500 procesos penales por defraudación de fluidos y concierto para delinquir junto a la Fiscalía General de la Nación, lo que evidencia la constancia de esta conducta y la necesidad de un cambio en la política criminal del Estado que permita estabilizar la prestación del servicio eléctrico y, por ende, garantizar su calidad y continuidad.