
El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gustavo Adolfo Marulanda, confirmó que el conflicto entre Barranquilla y Puerto Colombia, por el dominio de las 1.402 hectáreas que comprenden el llamado corredor Universitario, será definido en los meses venideros por el Congreso de la República, lo que apunta que será una confrontación entre dos casas políticas de gran poder en el Atlántico.
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Estas palabras de Marulanda fueron dichas en el marco de una sesión descentralizada precisamente del Congreso, realizada este jueves 13 de marzo en el norte de Barranquilla y a la que asistieron senadores como Carlos Meisel y representantes a la Cámara como Modesto Aguilera. Asimismo, las puertas del encuentro se abrieron para la presencia de la comunidad.
Dentro de su participación, el director de la IGAC hizo especial énfasis en no tener la última palabra para la solución de esta contienda.
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“Nosotros apoyamos el tema en cada una de las instancias, pero quien toma la decisión es una entidad diferente. Aquí, en principio, la decisión la tomó la Asamblea y se cayó ese hecho porque no era el competente para asumir la tarea. Vamos a tener que llegar a que el Congreso defina, mas eso tiene un trámite previo de deslinde que está definido normativamente”, dijo inicialmente.
“En los próximos días estaremos abriendo el proceso de deslinde formal entre Barranquilla y Puerto Colombia. Una vez realizado, se convoca una primera reunión en donde la idea es que haya delegados de los diferentes actores y de allí en adelante se define cuál es el cronograma que vamos a tener para surtir esa línea”, agregó.
El funcionario explicó que, si dentro del encuentro se llega a un acuerdo entre ambas partes, el proceso se facilita al solo tener que definir límites entre las dos entidades para enviarlo a su ratificación al Congreso.
Por el contrario, también es bastante probable el camino de la no conciliación.
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“Definiremos un límite provisional y le enviaremos al Congreso la propuesta técnica para que definan cuál es la postura que toma frente a este tema. En otras palabras, si adopta la propuesta o sugiere cualquier otra circunstancia”, puntualizó.
En el lado de los ponentes se hizo un llamado a la conciliación y al diálogo, como por ejemplo el miembro de la Cámara de Representantes, Modesto Aguilera, quien planteó recordar los límites conciliatorios propuestos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi hace varios años para terminar con este conflicto.
A su turno, el senador Carlos Meisel tuvo un discurso un poco más severo en el que pidió replantear las funciones de Libardo García, director del Área Metropolitana de Barranquilla, diciendo que su presencia podría ser importante para este tipo de diferencias.
El representante de la Alcaldía de Barranquilla y su área jurídica, Carlos Arturo Castro, mencionó que no se detienen en los trámites para hacer cumplir el fallo del Consejo de Estado que les entrega al Corredor Portuario.
En consecuencia, la respuesta del alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, fue igual de fuerte afirmando que Barranquilla solo quiere adjudicarse los dineros que para ellos representan el 71% de sus ingresos fiscales.
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“Hay que dejar claro que Puerto Colombia no existe ninguna disputa, sino una agresión por parte de un ente territorial de mayor dimensión política, cuya intención es usurpar zonas geográficas ahora que logramos que sean rentables desde la perspectiva fiscal”, dijo con determinación.
Finalmente, el abogado Juan Carlos Bernardinelli, representante jurídico de Puerto Colombia, le envió un mensaje a Barranquilla para que deje de lado sus intenciones de tener el Corredor Universitario.