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Defensoría del Pueblo emite alerta temprana en Córdoba por presencia del Clan del Golfo

La entidad hizo 17 recomendaciones a las autoridades, como garantizar el acceso a la administración de justicia y la implementación de medidas urgentes de prevención y protección de las comunidades.

Clan del Golfo.jpg
Foto de referencia.
Crédito: En Otro Ángulo.

Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento son los municipios de Córdoba que, según la Defensoría del Pueblo, “corren peligro por cuenta de la presencia y el dominio poblacional que quiere imponer la estructura armada ilegal del Clan del Golfo”.

El panorama es tan crítico que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 011 de 2024 advirtiendo el riesgo en el que se encuentra la población civil dadas “la expansión del narcotráfico, la utilización del territorio como tránsito, refugio y obtención de rentas ilícitas, la disputa territorial iniciada por miembros del Clan del Golfo contra grupos locales de delincuencia común, así como por retaliaciones entre grupos de ‘limpieza social’”.

“También la emitimos por la posible ocurrencia de infracciones al derecho internacional humanitario, debido al accionar indiscriminado de grupos armados ilegales, específicamente, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo)”, indicó el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis.

Las siete poblaciones alertadas, con sus áreas rurales, componen el espacio considerado como el núcleo indígena más importante del pueblo Zenú en Córdoba.

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Esta zona, según la Defensoría, “cuenta con instituciones en capacidad de atender las demandas de la población, pero la poca articulación entre entidades y autoridades étnicas, las rupturas del gobierno propio del pueblo Zenú, entre otras, reducen la capacidad para atender la creciente percepción de inseguridad”.

Así las cosas, la Defensoría emitió 17 recomendaciones para el Gobierno Nacional y autoridades locales, las cuales “contienen parámetros de focalización territorial y tiempos de respuesta, como el acceso a la administración de justicia y la implementación de medidas urgentes de prevención y protección de las comunidades”.

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