El Comité Intergremial del Atlántico rechazó el nuevo cobro de valorización que en las próximas semanas se aplicará en un radio de 5 kilómetros en torno a la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, donde se critica aún más cómo el Gobierno ha cuadruplicado la cifra de predios que serán gravados.
Hace un tiempo el Gobierno estimó que la valorización se cobraría a unos 60.000 predios, pero la última semana la nueva ministra de Transporte, María Constanza García, indicó que son unos 240.000 los que se han identificado en esta zona.
Esta valorización pretende cobrar un 2% sobre el avalúo comercial de los bienes urbanos y un 3% sobre las viviendas campestres, monto que en porcentaje suena bajo, pero que en dinero representa varios millones.
El presidente de Intergremial, Efraín Cepeda, estima que por ejemplo un apartamento en el barrio Miramar, norte de Barranquilla, deberá pagar unos $8 millones de pesos, mientras que al propietario de una casa en Villa Campestre le podrían cobrar unos $14 millones de pesos.
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"Constituye una amenaza de confiscación de esos predios, porque estos altos cobros pueden llevar fácilmente a que los propietarios no puedan cumplir con esos pagos y, en consecuencia, pueden estar sujetos a medidas de cobros coactivos o, incluso, unas expropiaciones de sus inmuebles, porque esto iría a una anotación en el folio de la matrícula inmobiliaria", explicó.
A los gremios económicos también les preocupa el hecho de que estos recursos recaudados a través del impuesto de valorización no necesariamente serán invertidos en este territorio.
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