“Una respuesta formal e inmediata por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte” están solicitando los senadores del Caribe frente a la propuesta que presentó el gobernador del Atlántico , Eduardo Verano, de hacerse cargo de los 14 kilómetros del corredor vial entre Barranquilla y Puerto Colombia.
La administración departamental busca asumir este tramo vial para que el Gobierno acceda a desmontar el polémico peaje Papiros, donde la reactivación del cobro no solo está impactando el bolsillo de la ciudadanía, sino que está generando traumatismo vehicular en la Vía al Mar.
“Si ellos (el Gobierno) no tienen los recursos, nosotros tenemos la voluntad de asumir ese tramo vial. La Gobernación del Atlántico tiene toda la experiencia para garantizar el mantenimiento y la seguridad vial para todos los usuarios de este importante corredor”, sostuvo el mismo gobernador Verano al presentar su solicitud.
Luego, la bancada caribe del Congreso le solicitó al Gobierno, como segunda medida, un “cronograma detallado de las acciones que se tomarán en caso de aceptación de la propuesta, incluyendo plazos para la transferencia de la administración del tramo vial a la Gobernación del Atlántico”.
¡Un peaje antitécnico, no puede ir más! Acabamos de firmar desde la Bancada del Atlántico en Senado esta solicitud, en respaldo a la propuesta presentada por el Gobernador del Atlántico, @veranodelarosa, y en defensa de los intereses de los habitantes del departamento del… pic.twitter.com/wgK3tSrPVm
— Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) September 4, 2024
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La carta fue presentada por los senadores del Atlántico Efraín Cepeda, Mauricio Gómez, José David Name, Iván Name, Pedro Flórez, Claudia Pérez, Carlos Meisel y Laura Fortich, quienes coinciden en que “es urgente que se tomen decisiones concretas que permitan resolver esta problemática” en torno al peaje Papiros.
Los congresistas también ponen de presente que, durante los últimos 18 meses, se han realizado 28 mesas de trabajo en las que se han alcanzado acuerdos importantes entre la Gobernación del Atlántico, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte y las Asociaciones de Usuarios.
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"Sin embargo, estos acuerdos no se han cumplido a cabalidad, lo que ha generado un clima de frustración e inconformidad entre los ciudadanos, quienes han sido afectados por la falta de acción efectiva", manifestaron.
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