Preocupados se encuentran los comerciantes en Santa Marta, luego de que se diera a conocer un video a través de redes sociales, donde las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra lanzaron una amenaza contra todo el comercio de la capital del Magdalena .
En la grabación, en la que se ve un grupo de personas encapuchadas y con ropa militar, se lee un comunicado en el que se advierte que todo negocio o establecimiento de comercio de la ciudad debe pagar la famosa vacuna, que no es más que una extorsión o impuesto ilegal creado por los grupos delincuenciales para financiarse.
“El presente es para informar a todo el gremio de comerciantes de toda la ciudad, centros comerciales, y locales como San Andrecito, centro comercial Royal Plaza, locales de la Quinta, servicios de gasolineras, gota a gota que aún no se han reportado, empiecen a buscar línea”, declararon en el video.
Asimismo, la organización criminal aseguró que “el que no cumpla tendrá consecuencias como multas o cierre del negocio”, según se escucha en la grabación.
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De igual forma, en este mismo video se lanza una amenaza contra la delincuencia común: “Se le informa a toda aquella persona que esté generando inseguridad y terror que será objetivo militar por parte de nuestra organización, como a los colaboradores del Clan del Golfo, rateros, chismosos, sapos, informantes de la ley, violadores, chirretes, los tira piedras de la Alterna, estafadores, jaladores de motos, los chirretes de Bonda, los tenemos identificados”, señalaron.
Este video se da a conocer en medio de la decisión del Gobierno nacional de iniciar acercamientos con este grupo paramilitar para buscar una salida negociada y firmar un acuerdo de paz. Hasta el momento, ninguna autoridad distrital ni nacional se ha pronunciado sobre estas intimidaciones.
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Por medio de la Resolución No. 300 del 1 de agosto de 2024, el jefe de Estado designó a Óscar Mauricio Silva, Marcela Bustamante y Ricardo Ernesto Villa Sánchez como los representantes del gobierno para comenzar ese proceso de diálogos, en una fecha que aún no ha sido establecida.
Este será el quinto espacio de conversación sociojurídico de este Gobierno, categoría que la ley de ‘paz total’ les da a los acercamientos con grupos que no cuentan con reconocimiento político, tras los iniciados con las bandas de Buenaventura, Quibdó y Valle de Aburrá, y el anunciado con el ‘Clan del Golfo’. Además, será el séptimo proceso de negociación que da inicio en el marco de la política de paz de la administración Petro.
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