El senador por el partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, confirmó que para el día miércoles se tiene prevista la llegada de por lo menos 15 alcaldes del Atlántico hasta el Congreso de la República, quienes aprovecharán la sesión plenaria para denunciar, según advierten, los presuntos “atropellos” que estaría cometiendo la empresa Air-e.
Los mandatarios locales, además, pondrán de presente que ninguna de sus administraciones cuenta con los recursos para asumir parte del recaudo de los sectores subnormales y de “difícil gestión” en los sectores en los que se aplicaron los llamados "Periodos de Continuidad" y que, siendo así, consideran lejana la posibilidad de que pueda cumplirse este acuerdo.
En este sentido, Gómez expresó que los alcaldes irán en defensa de una vida digna, teniendo en cuenta las afectaciones que se registraron viviendas, colegios, hospitales, estaciones de Policía, entre otros, por cortes de hasta seis horas diarias.
"Están siendo invitados formalmente para que se pronuncien por lo que está pasando con la empresa Air-e en el Atlántico, y no solo en nuestro departamento, sino también en el Caribe. Afinia y Air-e se han vuelto en una bomba de tiempo porque están cortándole la luz a la gente", dijo.
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Gómez precisó, además, que la iniciativa está siendo apalancada por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y el alcalde Alejandro Char.
Por su parte, la alcaldesa de Malambo (Atlántico), Yenis Orozco, una de las mandatarias que viajaría hasta Bogotá, expresó que los municipios no tienen capacidad presupuestal y que debe ser la Contraloría General de la República la que emita un concepto de viabilidad jurídica.
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"Todos los municipios tenemos una situación bastante difícil en el tema presupuestal. Nosotros también necesitamos que la Contraloría, que es el ente de control que vigila la ejecución del presupuesto, pues también nos dé un concepto jurídico y nos diga qué hacer para buscar fuentes de financiación", dijo Orozco.
Como se recordará, los cortes en el servicio de energía eléctrica se dieron durante casi seis días en 21 municipios entre Atlántico, Magdalena y La Guajira por la baja tasa de recaudo en 37 sectores, antes de que tanto el Ministerio de Minas y Energía como la Superintendencia ordenaran suspender la polémica medida hasta el próximo 05 de agosto de 2024.