Air-e advierte un costo adicional de 30 mil millones de pesos para usuarios en el Caribe

La empresa Air-e lanzó una serie de advertencias al Gobierno nacional sobre el incremento en el precio del valor de energía para más de un millón de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

De acuerdo con la empresa, con sede en Barranquilla, un reciente incremento del 400% en el precio de la energía en bolsa podría generar un costo adicional de 30 mil millones de pesos en agosto.

“Los ajustes propuestos por los generadores para este año ascienden a 4.900 millones de pesos en el primer mes, lo que representa apenas un 2.9% del total de los contratos”, indicó Air-e en un comunicado.

La empresa señala que sólo 4 de 23 comercializadores han ofrecido descuentos, con ajustes que apenas cubren el 2.9% de los contratos.

“La negativa de las generadoras a vender a mercados con población vulnerable, percibidos como de ‘alto riesgo’, es un problema estructural. EPM fue la única empresa que adjudicó energía a precios justos para 2025 para disminuir la exposición en bolsa”, agregó la empresa.

Según las estimaciones de la comercializadora, el costo adicional para más de un millón de usuarios, después de descuentos, sería de 25 mil millones de pesos siguiendo una tendencia al alza.

“Atlántico, Magdalena y La Guajira han sido gravemente afectados por el costo de la energía en bolsa, que pasó de 145 mil millones en todo el 2022 a 876 mil millones en 2023”, destacó la compañía.

Dado que las condiciones del mercado parecen insostenibles a corto y mediano plazo, la empresa considera pertinente extender la “suspensión de la limitación del suministro solicitada por alcaldes y gobernadores” que vence este sábado, 31 de agosto.

“Hoy es aún más pertinente ante las amenazantes e inestables condiciones y mientras se corrige la fórmula tarifaria”, agregó Air-e en el comunicado.

Foto: Comunicado

Además, Air-e propone formar una comisión de alto nivel para revisar el funcionamiento del sector eléctrico, centrada en la distribución de ganancias y el uso de recursos por parte de generadores, transmisores, comercializadores y distribuidores, para que el país “tenga claridad sobre el destino de los fondos en el ‘negocio’ de la energía”.