Admiten acción de tutela contra la instalación del peaje en Arroyo de Piedra, Atlántico

Solo dos días fue el plazo que les otorgó el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sabanalarga al Ministerio de Transporte, Invías, la concesión Autopistas del Caribe y a la ANI para presentar un informe detallado en el que sustenten que realizaron la debida consulta previa a las comunidades afro de Luruaco, antes de empezar con las labores de la instalación del peaje en Arroyo de Piedra.

Esto debido a una acción de tutela que fue radicada por el representante Gersel Pérez y las comunidades étnicas del Atlántico, cuya posición es contraria a la libre construcción de esta caseta de cobros.

“Nos complace que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sabanalarga haya decidido admitir esta acción de tutela que se interpuso para poder defender los derechos no solamente de las comunidades negras, sino también de las indígenas que se encuentran asentadas en Luruaco y Sabanalarga”, declaró Pérez a Blu Radio.

“Esperamos que pronto se pueda fallar a favor para garantizar los derechos constitucionales y legales de las minorías étnicas. Ellas tienen derecho a la consulta previa, la cual no fue realizada por el Ministerio de Transporte y la ANI, quienes vienen adelantando las acciones correspondientes a la implementación de un peaje en el municipio de Luruaco”, agregó.

Esto retrasa mucho más los planes de estas autoridades viales, teniendo en cuenta que ya habían sido objeto de protestas por los ciudadanos justo en la zona en la que se piensa instalar este peaje.

De no entregar este viernes los documentos relacionados al motivo de la tutela, la jueza Rosa Amelia Rosania tendrá 10 días para tomar una decisión de fondo al respecto.

Recordemos que el representante Gersel Pérez también radicó una acción de tutela, por los mismos motivos, contra el proyecto del cobro de la valorización en la Vía al Mar. Sin embargo, aún espera respuesta del juzgado.

El DANE estableció que en el municipio de Tubará, por ejemplo, un 64 % de la población es descendiente Mokaná, sin embargo, no más de un 10 % de los predios de esta zona fueron excluidos del cobro.