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Galán a Petro por Av.Boyacá: "Discusión sobre Van Der Hammen debe ir más allá de un trino"

El proyecto va desde la calle 183 hasta la avenida Guaymaral (calle 235) y conecta con la Autopista Norte: así está la pelea entre el Distrito y el Gobierno Petro

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
Foto: Blu Radio

En medio de la controversia por la ampliación de la Avenida Boyacá en Bogotá , el alcalde Carlos Fernando Galán aclara las implicaciones de esta obra sobre la reserva Van der Hammen y subraya que el debate debe ir más allá de una postura simplificada en redes sociales.

La obra, autorizada bajo una licencia ambiental, busca mejorar la movilidad sin comprometer el medioambiente, según el alcalde.

La Avenida Boyacá ha sido una arteria planeada para Bogotá desde hace más de 60 años. Su ampliación en el tramo norte, que incluye el cruce por la reserva Van der Hammen, fue contemplada en la administración de Gustavo Petro como alcalde en 2013, dentro de su propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), bajo el nombre de Avenida Lou Murtra.

Según Galán, Petro y la entonces alcaldesa encargada, Susana Muhamad, defendieron la necesidad de esa vía. Sin embargo, ahora el presidente Petro y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, cuestionan la ampliación, argumentando que afectaría el ecosistema de la reserva.

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En entrevista con Blu Radio, Galán expuso que la ampliación no tiene el impacto negativo que se le atribuye y que, además, se han considerado medidas de compensación ambiental.

“La licencia se tramitó cumpliendo todos los criterios de ley. Implica la sustracción de cerca de 20 hectáreas de las 1,395 que tiene la Van der Hammen y no afecta el bosque de Las Mercedes”, explicó el alcalde.

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Asimismo, detalló que la obra incluye pasos especiales para la fauna y la preservación de conexiones hídricas, además de una compensación de 120 hectáreas destinadas a restauración.

Restauración de la reserva Van der Hammen

Galán puntualizó que, a pesar de los años de discusión en torno a la Van der Hammen, la mayoría de los terrenos en la reserva siguen siendo privados, con un avance mínimo en su restauración. Con el objetivo de hacer públicos estos terrenos, Bogotá ha implementado un mecanismo de “transferencia de derechos de construcción”, mediante el cual los dueños pueden ceder sus terrenos en la reserva a cambio de derechos de edificabilidad en otras zonas de la ciudad.

Vamos a arrancar con 60 hectáreas este año, y la proyección es llegar a 2,300 hectáreas que se harán públicas para restaurarlas, no para construirlas”, detalló Galán, subrayando que su administración está comprometida con la restauración y protección de la reserva.

Galán también adelantó que Bogotá contará con un proyecto en colaboración con el Fondo Verde del Clima, que proporcionará $90 millones para invertir en la cuenca media y alta del río Bogotá, junto con otros $24,000 millones de fondos locales. Este proyecto se enfocará en la restauración de 5,000 hectáreas y en la reconversión de prácticas productivas en 10,500 hectáreas, trabajando con familias campesinas para reducir el impacto ambiental en la región.

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“Esta discusión no se debe dar de manera limitada, con un trino, sino a fondo sobre lo que se está haciendo verdaderamente para preservar la estructura ecológica de Bogotá”, enfatizó el alcalde Galán.

En cuanto a la zona de Lagos de Torca, un proyecto de desarrollo urbano ubicado al norte de Bogotá, Galán señaló que la ampliación de la Avenida Boyacá es fundamental para su viabilidad. Este proyecto, que incluye cerca de 800 hectáreas de terreno, requiere infraestructura vial para garantizar su desarrollo ordenado.

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“La Avenida Boyacá es una carga que deben asumir quienes desarrollan Lagos de Torca, no es solo un proyecto particular, sino una necesidad para Bogotá. Más de 20,000 viviendas de interés social y prioritario se construirán en esta área, y necesitamos garantizar un desarrollo organizado”, aseguró Galán.

Para el alcalde, un desarrollo bien planificado liderado por el Estado es la mejor forma de evitar el crecimiento desordenado de la ciudad y el surgimiento de asentamientos ilegales, una problemática que ha afectado históricamente las zonas de Usme, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe.

Un desarrollo mal planeado afecta los recursos hídricos y promueve invasiones ilegales. Este proyecto de ampliación busca precisamente proteger los corredores hídricos y el espacio público, evitando que el crecimiento urbano se dé de manera no controlada”, argumentó.

“Yo creo que nos quieren encasillar en una discusión diciendo que unos quieren construir una vía para destruir una reserva y otros quieren protegerla. Eso es equivocado. Todos queremos trabajar para proteger el medio ambiente. La pregunta es cómo”, aseveró Galán.

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Posturas enfrentadas: impacto ambiental vs. necesidad de infraestructura

Mientras que la ministra Muhamad alerta sobre el riesgo que representa la obra para la sabana de Bogotá en el contexto del cambio climático, Galán defiende que el impacto ambiental sería mayor si no se realiza la ampliación. Según el alcalde, no realizar esta obra incentivaría el crecimiento descontrolado de la ciudad en zonas vulnerables y afectaría a los ecosistemas de manera indirecta.

El peor impacto sería dejar que el desarrollo urbano se dé sin regulación, promoviendo asentamientos que terminan afectando las fuentes hídricas”, comentó Galán, en referencia a zonas de alto valor ambiental como los Cerros Orientales y los corredores hídricos en el borde norte de la ciudad.

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Galán cerró su intervención llamando a que el Gobierno nacional y las autoridades locales trabajen juntos en una discusión a fondo, basada en datos y análisis técnicos, para alcanzar soluciones viables que beneficien tanto al medioambiente como al desarrollo de la ciudad. En su opinión, el Estado debe tomar un rol activo en la planificación urbana para evitar que el crecimiento de Bogotá ocurra de manera caótica.

Tenemos en espíritu el mismo objetivo: preservar el medioambiente y garantizar que el desarrollo sea sostenible. Pero creemos que es el Estado quien debe liderar, organizar y proteger, para que no sean los ilegales quienes terminen ocupando estas zonas de forma desordenada”, concluyó Galán.

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