En un esfuerzo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y los alcaldes de las principales ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, se ha puesto en marcha un plan de acción integral para abordar el problema del hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de policía en Colombia.
Durante una reunión, presidida por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, se discutió la crítica situación de los derechos fundamentales de los detenidos. Como resultado, se acordó el traslado inmediato de aproximadamente 400 personas ya condenadas a establecimientos carcelarios, con el objetivo de liberar espacio y mejorar las condiciones de los detenidos. Además, se ha prometido la creación de 500 nuevos cupos en las próximas dos semanas para aliviar aún más la situación.
Los líderes de cada institución participante asumieron responsabilidades específicas para restablecer los derechos de los detenidos y asegurar su acceso a la justicia. Un punto focal de la reunión fue la persistente violación de los derechos humanos de los detenidos, subrayando la urgencia de trasladar a los detenidos desde las URI y estaciones de policía a instalaciones adecuadas para la retención a largo plazo, según lo determinen las medidas judiciales.
El presidente de la Corte Suprema destacó cómo la prolongada estancia de los detenidos en estas instalaciones afecta negativamente los procedimientos penales. Esto incluye interferencias en las actuaciones judiciales y complicaciones logísticas en el manejo de audiencias. En respuesta, se han tomado compromisos para mejorar la infraestructura y la conectividad en las estaciones de policía, lo que facilitaría la realización de audiencias preliminares de manera más efectiva y sin retrasos.
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Se reconoció la importancia de crear condiciones adecuadas para que los condenados puedan cumplir sus penas en entornos que permitan la implementación de programas de resocialización. Además, se discutió cómo estas medidas no solo mejorarán las condiciones de los detenidos, sino que también permitirán una redención más rápida de las condenas y el acceso a beneficios de reinserción social.
Los alcaldes se comprometieron a mejorar la infraestructura de las estaciones de policía, proporcionando las condiciones necesarias para que se puedan llevar a cabo las audiencias iniciales, especialmente las audiencias de legalización de la captura, de manera adecuada y eficiente.
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Por último, la Corte Suprema se ha comprometido a colaborar estrechamente con los jueces de ejecución de penas para revisar y actualizar los casos de los detenidos que ya han cumplido sus condenas, pero que continúan retenidos. Esto incluye la identificación de aquellos que podrían ser elegibles para la libertad condicional.
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