
Desde el Congreso de la República alertaron por el manejo que se le está dando al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá (IDPYBA). La senadora de la Alianza Verde Andrea Padilla denunció posibles sobrecostos en la contratación de la entidad y aseguró que hay programas que no están funcionando, los cuales significan un desembolso importante para el Distrito.
De acuerdo con la congresista, uno de los grandes problemas en el funcionamiento de la entidad es el de la implementación de los microchips, unos dispositivos que tienen el propósito de identificar y proteger a las mascotas en caso de pérdida, hurto o abandono. Padilla asegura que estos objetos no han cumplido su propósito, pues carecen de la información relevante que debería tener y ha significado una inversión importante en los recursos de la ciudad.
La denuncia manifiesta que, desde 2017 hasta 2023, se han implantado unos 460.633 objetos de este tipo (el Distrito asegura que son 376.633). Según el documento, los microchips habrían costado más de 3.200.000.000 millones de pesos.
“Los microchips eran comprados por el IDPYBA a costos que oscilaban entre $3.900 y $4.980, pero desde 2023 este costo se trasladó a los operadores del programa de esterilización y cada microchip cuesta $23.959. Es decir, han subido un 381% ($18.979). Al trasladarse este costo al programa de esterilización, el costo de cada cirugía subió $23.950. Si se restara este valor a cada cirugía de esterilización del contrato a que está actualmente en ejecución, que es por $2.644.158 para hacer 12.638 esterilizaciones, habría podido ahorrarse o destinarse a otro programa de bienestar animal, incluido el de esterilizaciones: $302.680.100”, detalla Padilla.
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A lo anterior se suma la supuesta ineficiencia y el costo del programa ‘Ciudadano de 4 patas’, creado por el Distrito para que se pueda identificar y monitorear a los perros y gatos en Bogotá. “El reciente caso del perro Cosmo, al que se le aplicó la eutanasia por decisión de funcionarios del IDPYBA, permitió hacer evidente esta situación. Pese a que Cosmo tenía microchip, la información registrada en la plataforma no estaba actualizada, lo que impidió contactar a su familia y, probablemente, evitar su muerte”, afirma el documento de la congresista.
Según la denuncia, el programa recién mencionado inició en mayo del 2024, justo cuando el costo de las esterilizaciones en la capital aumentó un 101% (de $131.086 en 2022 a $263.347 en 2024). En ese momento, afirma Padilla, se alertó a los respectivos entes de control, quienes al final pidieron repetir el proceso con base en un mejor estudio de mercado. Producto de lo anterior, la cirugía por esterilización en Bogotá quedó en $214.200.
“Este valor unitario de las esterilizaciones, que sigue siendo alto (en Medellín, por ejemplo, las esterilizaciones que paga la ciudad cuestan $130.000 cada una), es justificado por el IDPYBA alegando que en él se incluye el costo del microchip. Sin embargo, consideramos que no hay justificación válida para justificar un programa que es costoso, no ha tenido utilidad pública (no cumple el propósito para el cual se creó), encarece y merma un programa importante (esterilizaciones) y podría estar causando detrimento patrimonial”, continúa la denuncia.
La senadora manifiesta que desde el Distrito han comprado cerca de 250 lectores de microchips (de los cuales solo funcionan 38 de ellos) con una cifra que rondaría los 100 millones de pesos. Lo que cuestiona la congresista es que más de la mitad de los objetos fueron adquiridos a la asociación Arkambiental, la misma que se habría ganado la licitación de las esterilizaciones en la ciudad por un contrato de $666.039.570.
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“Con esta información y otra adicional, notificamos a la Contraloría de Bogotá la cual halló posibles sobrecostos por $887.730.555 y advirtió de un posible delito de colusión, que consiste en que los oferentes se ponen de acuerdo en un valor para lograr que uno de ellos salga beneficiado en la contratación. En 2023, cuando el IDPYBA aún compraba los microchips, fue descartada una cotización de microchips que ofreció los dispositivos a $10.710 c/a un precio muy por debajo fue descartado, pese a que reunía las condiciones tecnológicas. Este costo habría beneficiado el estudio de mercado, de cara al nuevo esquema en el que el oferente adquiere e implanta el microchip”, dice Padilla.
Frente a este panorama, Blu Radio se contactó con el Instituto para encontrar una respuesta a la denuncia y desde la entidad aseguraron que, a la fecha de publicación de esta noticia, se encuentran preparando el comunicado respectivo.