En un fallo reciente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó una demanda que podría cambiar las condiciones de seguridad de los 45 concejales de Bogotá. La demanda, interpuesta por un ciudadano, exige que los concejales demuestren que están en alto riesgo y bajo amenazas serias para mantener sus esquemas de seguridad y escoltas.
El tribunal otorgó a los concejales un plazo de 10 días para que presenten los estudios de seguridad necesarios que justifiquen la necesidad de escoltas y vehículos proporcionados por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En caso de no poder demostrar que están bajo amenazas serias, los concejales deberán devolver sus esquemas de protección a la UNP.
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“Surtidas las notificaciones, córrase traslado de la demanda a los accionados, advirtiéndoles que disponen del término de diez (10) días para contestar la demanda y solicitar la práctica de las pruebas que pretenden hacer valer en el proceso, el cual empezará a contabilizarse a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje”, se lee en la demanda.
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Y es que a los funcionarios se les asignó un esquema de seguridad que incluye camionetas blindadas 4x4, motocicletas, conductores y escoltas armados.
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