En las últimas horas, y después de 15 meses de investigación, finalmente la Policía y la Fiscalía, en conjunto con la Secretaría de Seguridad, lograron la captura de 10 personas, entre ellas una mujer, miembros de una peligrosa banda dedicada al tráfico de armas de fuego, municiones y drogas. Estos delincuentes se dedicaban a la modificación de armas traumáticas que volvían armas de fuego letales y que posteriormente vendían a estructuras criminales y sicarios.
Los delincuentes, según las autoridades, tenían como fachada una vivienda en un municipio cercano a Bogotá que funcionaba supuestamente como un taller de vehículos; sin embargo, desde allí era que modificaban el armamento y comercializaban las municiones.
“Es muy importante este resultado en la medida en que la lucha contra el crimen y la violencia también demanda un esfuerzo sostenido para quitarles los medios con los que estos criminales ejercen estas actividades. Incautar armas y desmantelar armerías que están al servicio del crimen, es un paso importante en el debilitamiento del delito”, indicó, César Restrepo, secretario de seguridad.
De acuerdo con las autoridades, estos delincuentes movían las armas a través de camiones con alimentos e incluso, tenían como mensajera a una mujer, hija de uno de los capturados, quien también deberá responder por los delitos de tráfico de armas y municiones.
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Las diligencias de registro y allanamiento tuvieron lugar en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño y en los municipios de Chiquinquirá y Saboyá del departamento de Boyacá y Pacho – Cundinamarca, mismas que permitieron la captura de los diez delincuentes.
Un juez de control de garantías le otorgó a los diez capturados medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario, por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.
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Estos delincuentes tenían una trayectoria criminal de 5 años aproximadamente, comercializando y enviando armas de fuego, municiones y sustancias estupefacientes al departamento del Caquetá, donde, además, tiene incidencia el ‘Estado Mayor Central – Farc’, así mismo, eran distribuidos en la ciudad de Bogotá y en el departamento de Boyacá, lo que representaba una renta criminal para este grupo delincuencial, de hasta 400 millones de pesos anuales.
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